El 2 de agosto, el comandante mayor Diego Conrado Héctor Balari dijo en una entrevista al Canal 4 de Esquel que había mantenido una reunión de coordinación con el Ministerio de Seguridad en Bariloche, y cuando volvía a su “asiento natural” en Rawson, “nos dimos con este tema y a partir de ahí recibí la orden de la superioridad institucional de hacerme cargo y coordinar las acciones del operativo en base a los hechos y a orientaciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Seguridad y de las autoridades judiciales con jurisdicción en la zona, el juzgado federal de Esquel, organizamos a la gente y procedimos”. Así lo difundió ayer el sitio El Disenso, con el mismo video donde Balari menciona la participación de los escuadrones 36 de Esquel, 35 de El Bolsón, 34 de Bariloche, 37 de San Martín y las unidades que componen su agrupación de Chubut, con el apoyo del escuadrón General Acha, La Pampa. “La etnia mapuche hacía un corte de ruta, hubo incidentes cuando los manifestantes quisieron volver a cortar la ruta, una pequeña escaramuza. No logramos detener a nadie pero informamos al juzgado, y seguimos apostados ahí para garantizar la libre transitabilidad de la vía”, declaró el comandante.
Mientras contaba esto ante cámara Santiago ya estaba desaparecido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel pedía un hábeas corpus y el defensor oficial Fernando Machado tomaba esa misma denuncia por desaparición forzada de persona. Pero sí hubo detenciones: dos mujeres mapuches y el hermano de Jones Huala, que fueron requisados en forma ilegal al salir de la Lof en un vehículo. Ante este hecho es que los mapuches volvieron a buscarlas a la ruta. Hay una causa paralela abierta y al respecto Machado explicó a PáginaI12 que “la detención habría sido ilegal y sus compañeros vinieron como a rescatarlos”. El defensor pone en duda que haya habido pedradas contra los uniformados, pero en cualquier caso este hecho previo fue el desencadenante del operativo posterior, donde desapareció Maldonado. “Luego justificaron todo con el secuestro de los elementos de labranza, hachas, cuchillos y un celular”, dijo.
No es la primera falacia que encuentra sus cortas patas. Pocas horas después de que la fiscal Alejandra Ávila dictara el secreto de sumario en la causa, el gobierno hizo circular en los medios afines la descabellada versión, ya desmentida por los propios protagonistas, de que Santiago había sido apuñalado una semana antes por un capataz en Epuyén, que se había defendido de un ataque de la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche.
La ministra Bullrich en sus últimas declaraciones no sólo demonizó a la comunidad Pu Lof de Cushamen, cuyo werken (vocero) desmintió que pertenezcan a la RAM, sino que se permitió responder en el Senado que Pablo Noceti, su jefe de Gabinete, fue fotografiado en la tranquera de la estancia del empresario italiano Benetton (con quien los mapuches mantienen la disputa por las tierras) porque “iba de paso” hacia Bariloche. Casualidad de casualidades, Noceti había dicho a radio Nacional Esquel: “Vamos a empezar a terminar con el RAM, y a partir de ahora cada actividad pública que hagan van a quedar detenidos y llevados a juicio todos, cuando corten la ruta o se concentren frente al juzgado los vamos a detener, que lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir, con el RAM no tenemos nada que dialogar, lo que haremos es judicializarlos. Van a quedar todos presos”.
Si bien se perdieron días clave a favor del encubrimiento, la causa originada en la denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, sus ministros de Justicia y Seguridad, y las autoridades de la Gendarmería Nacional que presentó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) por la desaparición forzada de Santiago Maldonado ahora al menos tiene como carátula ese delito de lesa humanidad. Y en Esquel esperan que cambie la actitud tanto de la fiscalía federal como del juzgado respecto de la responsabilidad de esa fuerza de seguridad en el caso. Como botón de muestra, en el expediente aún no hay un informe detallado sobre los roles que tuvieron los cuatro escuadrones ni con qué equipamiento y municiones reprimieron a la comunidad, ni se tomó medida alguna sobre el lavado de las camionetas previo a los peritajes y el retaceo de información, como en el caso de los vehículos que fueron diecisiete pero oficialmente los gendarmes sólo informaron sobre cinco.
“Al menos ahora empezamos a salir del delirio, es positivo que la calificación tenga que ver con la hipótesis principal, que venimos sosteniendo desde el primer día, y es de esperar que haya un cambio de posición”, dijo a PáginaI12 el defensor Machado, en alusión a la fiscalía y el juzgado federales de Esquel. En el mismo sentido se pronunció Mabel Sánchez, que preside la APDH Noroeste de Chubut, y recordó que por eso “hicimos la denuncia penal por desaparición de persona contra Gendarmería, Noceti, Bullrich y Mauricio Macri, era imprescindible que esto se reconociera, tal como se lo dijimos a los gendarmes en la tranquera, por eso pedíamos entrar porque la comunidad gritaba ‘falta uno, falta El Brujo’, y por la misma razón intervino Machado, había menores y lo llamaron levantar actas con mujeres y niños”
