La denuncia, según informó a APF uno de sus representantes legales, Diego Audisio,
fue presentada a fines de enero de este año en el Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Jorge Barbagelata y se extiende también al Director de Desarrollo, Economía y Mercados de la Secretaría de la Producción, Rubén Roque Sarli; y al agrimensor Juan Esteban Feldkamp.
La denuncia refiere que Feldkamp habría incurrido en la violación del artículo 293 del CPN, concerniente a Falsificación de documentos, porque “insertó en una ficha para transferencia (instrumento público de la dirección de Catastro de Entre Ríos) datos falsos respecto del poseedor, límites y linderos del inmueble”.
En ese sentido, menciona que la Dirección de Desarrollo, Economía y Mercado de la provincia emitió el 5 de abril de 2005 (es decir, después de presentada la denuncia de usurpación por parte de Audisio contra Castrillón) la Resolución N° 12, firmada por Sarli, en la cual solicita se efectúe el reclamo pertinente para que sean registrados catastralmente dos islotes de reciente formación, como pertenecientes a la provincia de Entre Ríos.
En la resolución, se dispone que “las nuevas formaciones identificadas como Isla Don Roberto e Islote Adyacente, ubicadas a la altura del kilómetro 800 del Río Paraná, se inscriban en el Registro de Islas Fiscales como propiedad del Superior Gobierno de la Provincia y con la denominación Don Roberto II e Islote Fulminante”. También que “la formación al Sur del Islote Don Roberto II e Islote Fulminante, se inscriban en el Registro de Islas Fiscales como propiedad del Superior Gobierno de la Provincia con la denominación Del Diablo”.
Sin embargo, de acuerdo al artículo 46 de la Constitución entrerriana, la adquisición de bienes inmuebles a nombre de la provincia debe ser autorizada por el voto de las dos terceras parte de los miembros presentes de cada Cámara.
Luego, mediante acta notarial efectuada el 6 de septiembre de 2005, Castrillón “cede” los derechos que le pudieren corresponder como poseedor de la Isla al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, escritura pasada ante la escribana María Eugenia Galán. No obstante, esta isla ya había sido (el 29 de agosto de 2005, según la resolución N° 12) considerada de propiedad de Entre Ríos y ordenado su inscripción y “bautismo”.
A Castrillón; Sarli y Feldkamp se los acusa de violar el artículo 246 inciso 1º del Código penal, que indica que “será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo aquel que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente; usurpación de autoridad, títulos u honores”.
También el artículo 248 del CPN, concerniente al abuso autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, consigna: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
• Usurpación
Asimismo, esta nueva denuncia se relaciona con una acusación anterior, interpuesta en septiembre de 2004 ante la justicia santafesina por el director de la empresa, Luis Audisio, contra Castrillón, acusándolo de usurpación de la isla Las Palmas.
Al respecto, en enero de 2006, el juez a cargo en feria del Juzgado Correccional Nº 3 de Santa Fe, José Luis Giavedoni, dispuso el desalojo de esa isla, que estaba ocupada por del legislador.
• Impugnación
Por otro lado, el abogado Diego Audisio, uno de los representantes legales de la firma Audisio SA, informó a esta Agencia que se analiza la posibilidad de presentar una impugnación en el Senado, contra la postulación del legislador como vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
“Vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas. Hay un período de impugnación en el Senado, así que veremos si hacemos una presentación. Estamos estudiando el caso”, mencionó al respecto.
