Una cuestión importante fue el rechazo al tratamiento de lo que mal se denominan “superpoderes”, indicó porque explicó que “se tratan de atribuciones que el Poder Ejecutivo tiene de forma absolutamente constitucional”. Recordó que “la Presidenta había enviado una iniciativa para la reconsideración de estas atribuciones acotándolas al 5%. Ese fue un proyecto que oportunamente aprobamos en el Senado con un debate muy interesante. Fue a Diputados y allí la verdad que hicieron un zafarrancho. Rechazaron la iniciativa, le incorporaron cosas que nosotros no estábamos en condiciones ni queríamos respaldar. Y esto ayer también quedó en el camino del mismo modo que el proyecto sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia”.
Regulación medicina privada
“El derecho a la salud es un derecho humano y constitucional, que la Argentina ha reconocido en convenios internacionales. La prestación de la protección de salud pública está regulada por leyes nacionales y las provincias tienen a su vez leyes en consonancia. Pero en la medicina privada hay un vacío regulatorio y hoy la prestación sin la ley se rige por los propios contratos y por las normas de contratos establecidas en el Código Civil, por eso esta norma representa un gran avance”, explicó Osuna.
“Con la nueva ley el ministerio de Salud es la Autoridad de Aplicación y se incorporan las áreas de Defensa del Consumidor y de la Competencia desde donde se dará cobertura frente a situaciones de cláusulas abusivas, publicidad engañosa, incumplimiento de contratos, etc.”, indicó al tiempo que consideró que “la ley esta hecha y pensada en la búsqueda de mayor protección para los usuarios y se enmarca en una etapa donde el Estado ha ido recuperando su rol regulador”, señaló la legisladora.
Cabe recordar que por las modificaciones hechas al proyecto el mismo vuelve a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. En este sentido, Osuna señaló que “tenemos expectativa y hoy hablábamos con algunos diputados para que esté en la agenda del año que viene dentro de los primeros lugares”.
Ley de Salud Mental
Osuna definió a la ley de Salud Mental como “una apuesta cultural y de un nuevo paradigma que privilegia los derecho humano en materia de salud y atiende a quienes sufren una afección o enfermedad mental”. “Implica impulsar desde el Estado una política en la materia para todo el territorio nacional y superar la discriminación, las tendencias a la institucionalización, al exceso de medicación, al maltrato a los que pueden estar expuestos actualmente los enfermos mentales. Sin duda requiere de la participación de distintos actores, de la atención en la formación de nuevos perfiles profesionales y fundamentalmente de recuperar las buenas experiencias institucionales que existen en las provincias superando definitivamente la exclusión, encierro y discriminación como estigma de la enfermedad mental”, finalizó.
