“La construcción de esta represa podría afectar severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos productores de la cuenca del río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que es uno de los principales efluentes del río Uruguay), quienes perderían parte de ese recurso y además pondría en riesgo la calidad de las aguas que llegan al curso del río Uruguay, ya en jurisdicción federal e internacional”, señaló Osuna.
El máximo tribunal suspendió por 90 días la construcción de una represa sobre el arroyo Ayuí, en la provincia de Corrientes, hasta tanto «se determine el impacto ambiental» que provocará el emprendimiento.
Así hizo lugar de esta forma a un amparo pedido por el Poder Ejecutivo para frenar la construcción encargada por un grupo vinculado al empresario José Antonio Aranda (Grupo Clarín) para la producción de arroz en un campo de su propiedad.
Osuna recordó que en la estancia La Calera, de Gualeguay, propiedad del ex funcionario menemista, Pedro Pou, se construyó un terraplén que perjudica y anega los campos vecinos. Mientras la obra de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes tiene por objetivo mantener bajo agua el cultivo de arroz; la obra construida por Pedro Pou busca el efecto opuesto, con la finalidad de impedir el avance del agua sobre los campos inundables, provocando el desvío de los arroyos. En consecuencia, el freno al curso natural de las aguas genera cambios que pueden afectar a los terrenos linderos, como denuncian los productores agropecuarios que rodean las extensas propiedades del ex titular del Banco Central.
Cabe recordar que Osuna presentó en septiembre pasado en el Senado una iniciativa no sólo para repudiar la represa de Ayuí, que atenta contra el bienestar y la salud de las personas y principalmente contra el medio ambiente, sino también para exigir que se frene el inicio de las obras de construcción en tanto se avance en la evaluación el impacto que tendría.
En sus argumentos, la legisladora entrerriana explicó que “este proyecto no solo viola la Constitución en tanto atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado; al Código Civil, al pretender avanzar en la construcción de una represa sobre un arroyo que es un bien de dominio público a partir de un emprendimiento rural privado predador; a las leyes General de Ambiente y de Bosques Nativos; sino también a distintos tratados internacionales como el Estatuto del Río Uruguay, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención sobre Cambio Climático refrendados por leyes nacionales”.
