“Fue un Estado arrebatado por los jefes de las fuerzas armadas de ese momento y acompañados por grupos civiles de gran poder, que hizo uso del terrorismo, de la masacre y el miedo, costándole la vida, la desaparición o la falta de identidad a miles de argentinos y argentinas y Videla fue uno de sus principales operadores”, expresó Osuna.
En Córdona se está juzgando a Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 30 procesados por el asesinato de 31 presos políticos de la Unidad Penitenciaria 1 de esa ciudad. Videla además desconoció al poder judicial civil como instancia válida para juzgar sus actos, que son crímenes de lesa humanidad.
En este sentido señaló que “Argentina vive hoy en una democracia en plena consolidación, en la cual se revirtió el proceso de institucionalización de la impunidad a partir de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final y los fallos judiciales que declararon la inconstitucionalidad de los decretos de indulto a los genocidas y que permiten que estén actualmente detenidos y enjuiciados”.
“Esto posibilita que estos asesinos, que no sienten ningún remordimiento ni arrepentimiento puedan ser juzgados ante un tribunal de justicia de la democracia por sus horrendos crímenes, teniendo el derecho a defensa que no tuvieron sus víctimas, que están muertos o desaparecidos”, indicó la legisladora.
“Si no hay memoria histórica de lo que vivió y sufrió nuestro pueblo, de la cantidad de vidas que costó esta democracia que hoy vivimos, no podríamos continuar su construcción y consolidación. La lucha por los derechos humanos implica no perder esa memoria porque es la que nos permita construir un país con justicia social para que no se atropelle nunca más ninguno de los derechos de los hombres y mujeres de nuestra Argentina”, expresó.
Al mismo tiempo, Osuna resaltó el avance de la justicia en varios puntos del país, como en Entre Ríos, donde se está desarrollando la Causa Área Paraná, en la cual se unificaron e investigaron todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos, desapariciones, apropiaciones ilegales de bebés, privaciones ilegales de la libertad, homicidios y torturas iniciadas en la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura militar.
