“Nunca antes en Argentina, por ejemplo, se había constituido un organismo que unificara y condujera la formación docente inicial y continua, que es la dimensión constitutiva de una enseñanza de calidad equivalente en todo el país, ni tampoco fue tan clara la responsabilidad nacional para cubrir las necesidades de equipamiento y materiales en las escuelas, especialmente en aquellas que reciben a los niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza”, resaltó Osuna.
En este marco, refirió que “posiblemente la marcha de los acontecimientos en los próximos meses y años, nos imponga seguir interactuando, reunidos, analizando temas con el Ministerio de Educación nacional y con los funcionarios provinciales del más alto rango, para seguir estructurando y reforzando la trama normativa que respalde el desafío educativo que hoy tomamos”.
La legisladora entrerriana sostuvo, además, que esta norma “reposiciona a los Estados Nacional y Provincial en el centro de la escena educativa nacional, resaltando su papel direccionador y articulador, pero sin obviar la participación de otros actores sociales relevantes”, al tiempo que “propone concretamente una responsabilidad mayor del Estado hacia la educación, respecto de sus logros y de sus resultados, y de su financiamiento en forma solidaria con la reciente Ley de Financiamiento Educativo”.
En este sentido, Osuna dio cuenta que la ley “objetiva los resultados de las numerosas y ricas participaciones en una serie de definiciones que reflejan las voluntades políticas en juego”, no sin antes advertir que “para algunos el debate no fue suficiente: es posible que el tema que nos ocupa -por envergadura y complejidad- genere esa sensación. Pero también es cierto que la nueva etapa que inaugurará la Ley cuando sea promulgada no clausura este debate, sino que lo traslada a otros ámbitos y esferas. Será también tarea nuestra que el tema educativo mantenga y actualice su vigencia en las agendas”.
La diputada consideró que la nueva norma marca “un cierre y la diferenciación con un ciclo de la historia nacional reciente, en el que los valores y los enunciados que primaban no eran ni los de la centralidad del Estado, ni los de la igualdad con justicia, ni los de la inclusión social, es decir, que esta Ley dice hoy cosas que la mayoría de los argentinos anhelábamos escuchar desde hace tiempo”.
Párrafo aparte dedicó la legisladora a indicar que “como entrerriana, quiero recordar y agradecer una vez más, la gestión del Presidente de la Nación, a las 72 horas de haber asumido, cuando visitó mi provincia, totalmente devastada y desalentada por semanas y meses enteros sin poder resolver la situación docente porque no cobraban su sueldo por meses enteros, y cuando lo hacían quedaba depreciado su salario por el pago en cuasimonedas. Esto sucedió hace menos de 4 años”.
Características de la ley
La legisladora, en su exposición en el recinto ante sus pares, remarcó que “la Ley brinda una respuesta al problema de la fragmentación, diagnosticado casi de manera unánime como uno de los problemas centrales del sistema educativo, apuntando a la unificación de la estructura y a la articulación entre niveles y modalidades, al igual que la validez nacional de los títulos y certificados”. Para ello, establece una estructura única para todo el país, conformada por cuatro niveles: la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior-, y ocho modalidades.
Las modalidades definidas son: la Educación Técnico Profesional, la Educación Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la educación Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Libertad y la Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Según define la ley cada jurisdicción tendrá la posibilidad de definir con carácter excepcional, otras modalidades de la educación común, cuando existan requerimientos o necesidades específicos de carácter permanente y contextual que lo justifiquen.
La unificación se concibe como proceso ya que, en una disposición transitoria, se estipula que partir de la aprobación de la ley cada jurisdicción podrá decidir sólo entre dos opciones de estructura para los niveles de Educación Primaria y Secundaria: Primaria y Secundaria de 6 años, o Primaria de 7 años y Secundaria de 5 años.
“Otro punto relevante que refleja las aspiraciones de la mayoría de la población, como lo muestran las encuestas y el proceso de consulta que acompañó a esta Ley, es la extensión de la escolaridad obligatoria hasta la finalización de la Educación Secundaria”, comentó Osuna, antes de mencionar que “para permitir el cumplimiento de esta disposición, se prevé la apelación a alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios”.
La Educación Secundaria, que a partir de la presente ley será obligatoria, se divide en dos ciclos: Un Ciclo Básico general y un Ciclo orientado. Para responder a la realidad actual del nivel, que hoy presenta los mayores índices de abandono de la Educación Básica y un alto grado de desestructuración, se establece un conjunto de líneas de acción, a fin de permitir el paulatino cumplimiento de la obligatoriedad y la renovación pedagógica e institucional del nivel.
El consenso
La legisladora consideró oportuno remarcar, una vez más, que esta norma es producto de un largo debate que fue formalmente impulsado por el presidente de la Nación, que sin dudas recogió un sentir generalizado de malestar, una necesidad de incluir a la educación en el marco de las nuevas esperanzas que permitirán salir definitivamente del abismo a la Argentina”.
En este marco, dijo que “miles de ciudadanos participaron en las distintas instancias del debate” y que “no se dejaron llevar, afortunadamente, por los mensajes de desaliento que también circularon, y se reunieron en miles de escuelas, dejaron sus opiniones en todos los canales abiertos para ello. Con compromiso, con pasión, con expectativas de cambio y de mejora, para sí, para sus hijos, para sus alumnos”.
