En este marco, sostuvo que la norma “será el respaldo legal que se necesita para obligar y responsabilizar al Estado a aumentar los haberes jubilatorios dos veces al año, en marzo y septiembre, acompañando la evolución salarial de los trabajadores en actividad y los recursos de Anses, más allá de quien gobierne”, aseguró.
La legisladora entrerriana se refirió especialmente a los jubilados nacionales de Entre Ríos, al asegurar que “esta ley beneficiará a más de 160.000 jubilados y pensionados nacionales de la provincia”. Y en este sentido, destacó la situación de los “40.000 nuevos jubilados entrerrianos, incorporados al sistema por leyes de inclusión, como la moratoria provisional”
Respecto a la postergación del tratamiento de la iniciativa, que finalmente se concretará este miércoles, Osuna afirmó que “la oposición no cumplió con los compromisos acordados y demostró una falta de voluntad política para tratar esta iniciativa que representa un beneficio para más de 5,2 millones de jubilados de nuestro país“.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, “viene a dar respuesta a más de 5,2 millones de jubilados argentinos que han vivido situaciones extremas por la falta de movilidad o por abruptas rebajas de sus ingresos. Al darles previsibilidad y seguridad a los pasivos durante el año sus haberes van a mejorar”, aseguró.
Osuna señaló además que este proyecto se enmarca en la reconstrucción del sistema previsional argentino que comenzó en 2003, con progresivos aumentos de los haberes, la sanción de leyes de inclusión del sector, como la moratoria previsional, la libre opción jubilatoria y la jubilación anticipada por desempleo, además de la política del gobierno de creación y dignificación del trabajo.
En este sentido, recordó que “entre 2003 y 2008 se llevaron adelantes 12 medidas de aumentos sobre los haberes previsionales, de manera que se elevó gradualmente el haber mínimo en un 360%, pasando de 150 pesos a 690 pesos”.
“La moratoria previsional llevada adelante durante 2006 y 2007 permitió que aquellos que estaban excluidos del sistema por no tener aportes pudieran jubilarse, lo que hizo que más de un millón y medio de abuelos hoy cobren una jubilación y tengan una obra social. Esta fue una medida de gran inclusión previsional, puesto que con esta moratoria se llegó al final de 2007, con más del 90 por ciento de hombres y mujeres mayores de 65 años con cobertura.”
“La aprobación –agregó- en este Congreso a fines de1 2004 de la Ley 25994 que estableció la jubilación anticipada por desempleo, permitió incluir al sistema a más de 100.000 argentinos que a lo largo de la década del 90 habían sido expulsados del mercado de trabajo y que, por cuestión de edad, no pudieron reingresar a la actividad laboral.”
En esta línea, Osuna recordó además el “plan de libre opción jubilatoria, que significó la superación de políticas que postergaron a millones de argentinos, y pusieron a los trabajadores como botín de las AFJP. Esta ley, claramente opuesta a lo que fue en los 90 la privatización del sistema de jubilaciones, permitió que 1,5 millones de personas opten por volver al sistema de reparto.”
“Esta ley de movilidad jubilatoria es la respuesta de un gobierno que trabaja con políticas concretas por la mejor distribución de la riqueza y por lograr mayores índices de inclusión social, para quienes fueron víctimas de las políticas económicas que generaba que muchos argentinos fueran excluidos económica y socialmente”, puntualizó la legisladora nacional.
