Osuna consideró que la lentitud con que se llevan adelante los procesos judiciales referidos a los delitos de lesa humanidad, tal como es el caso de la denominada “Causa Área Paraná” (en la que se unifican e investigan todas las denuncias por violaciones a los derechos humanos, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, homicidios y torturas iniciadas en la provincia de Entre Ríos) “daña y expone a denunciantes y a testigos a situaciones de extrema tensión y trae consecuencias como las que han permitido en algunos casos la liberación de represores como en los casos de Astiz y ‘el Tigre’ Acosta”.
Asimismo la legisladora anticipó su decisión de “estudiar e impulsar las reformas legales necesarias para establecer un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos y otros delitos complejos”.
La comisión fue creada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la Acordada 42/08, con el propósito de aunar esfuerzos institucionales para resolver conjuntamente las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Coordinada por el secretario General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Alfredo Kraut, integran la Comisión: Javier López Calderón, secretario letrado de la CSJN; Mario Fera, presidente del Consejo de la Magistratura; Pablo Vassel, secretario de DDHH del Consejo de la Magistratura; Jorge Auat y Pablo Parenti, por el Ministerio Público Fiscal; el Juez Federal Daniel Rafecas; Javier Carbajo, por la Cámara de Casación Penal; Julián Álvarez, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el diputado nacional Luis Cigogna y la mencionada senadora nacional Blanca Osuna.
Entre los proyectos presentados por la legisladora entrerriana cabe destacar la incorporación al Código Penal del delito de desaparición forzada de personas, que cuenta con media sanción de la Cámara Alta. Así también el otorgar jerarquía constitucional a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por Naciones Unidas en 2006 a partir de una iniciativa de Argentina y Francia.
Además, propició, a través de un proyecto el acceso a la información sobre las instancias judiciales vinculadas a los procesos por delitos de Lesa Humanidad y de los “Juicios por la verdad” en las escuelas, Institutos de Formación Docente y Bibliotecas Populares de todo el país a través del Sistema Nacional de Medios Públicos.
Finalmente se encuentra en tratamiento parlamentario otra iniciativa de Osuna que propone prohibir el acceso a la docencia en instituciones de Nivel Superior a quienes hayan sido condenados o tengan procesos judiciales abiertos por delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos.
