Osuna valoró la investigación realizada por la AFIP en conjunto con la Secretaría de Trabajo de la provincia de Entre Ríos en un operativo destinado al control de empleo registrado, donde se detectaron casos de trabajo esclavo, en el que los trabajadores estaban alojados en instalaciones precarias e insalubres, sin luz eléctrica, viviendo en condiciones infrahumanas.
La denuncia presentada por la AFIP ante el Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay da cuenta de 16 trabajadores rurales que realizaban tareas de desmonte en verdaderas condiciones de explotación y reducción a la servidumbre, contratados por la empresa Movifor SRL, en un predio de la firma de capitales españoles Iberpapel SA ubicado en la ruta 130 en el tramo que une las ciudades de Colón con Villa Elisa.
La legisladora destacó “el compromiso de avanzar hasta las ultimas consecuencias expresado por los diferentes organismos avalados por los gobiernos nacional y provincial para denunciar estas situaciones despreciables, castigar a los responsables y garantizar los derechos de los trabajadores”.
Osuna, quien es autora e impulsora de distintos proyectos de ley sobre condiciones de trabajo y seguridad social de los trabajadores agrarios, señaló que esta denuncia, junto a otras que ha hecho la AFIP en distintas provincias y que dan cuenta de situaciones similares son parte de “un Estado activo, que se ocupa de controlar el cumplimiento de las leyes laborales y de combatir las prácticas irregulares, en el marco de la defensa del valor del trabajo y del cuidado de los trabajadores a partir de leyes y medidas protectivas”.
Además, la senadora expresó su profunda preocupación por la falta de cumplimiento por parte de la empresa Iberpapel SA de la orden emanada de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos de demoler un terraplén de más de 8 kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el Río Uruguay.
“Ese murallón fue levantado ilegalmente, ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica”.
“La falta de realización de estos estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre el régimen y la calidad de las aguas del Río Uruguay y determinar si la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay”, explicó. En este mismo sentido recordó que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la “construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.
Osuna consideró como un “atropello” la actitud de la empresa de no acatar la medida y señaló que, al igual que en los casos de la represa en el arroyo Ayuí en Corrientes como en el terraplén construido en la estancia La Calera de Pedro Pou en Gualeguay, “es manifiesto que no hablamos de emprendimientos de desarrollo productivo sustentable sino de empresas que anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas”.
