Marta Alanis, de la Campaña, afirmó que «obligar a una niña de 11 años a ser madre es cruel, viola todas las leyes, la Constitución y los tratados internacionales y los culpables deben ser castigados».
La niña de 11 años es oriunda de General Campos, una localidad de 3.000 habitantes y fue llevada por su mamá al Hospital de San Salvador por dolores abdominales, allí, los médicos determinaron que estaba embarazada.
Pese al requerimiento de la madre para que le realicen un aborto no punible, ya que la niña denunció que fue abusada por un adolescente de 17 años, el director del hospital, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial.
Así, el caso llegó al juzgado de Familia de Concordia a cargo del juez Raúl Tomaselli, quien solicitó un informe al Hospital Masvernat de esa ciudad.
Los médicos indicaron que se trata «de un embarazo normal y que no amerita interrupción por riesgo obstétrico», opinión en la que se basó el juez para no expedirse sobre la interrupción del embarazo.
Al mismo tiempo, la mamá de la nena decidió retirar el pedido para que le realicen un aborto no punible a su hija en medio de denuncias de organizaciones sociales que adujeron que «presionaron a la mujer y la justicia dilató la decisión».
Paralelamente la familia realizó una denuncia por abuso sexual contra un joven de 17 años, causa que tramita el juez de Garantías de la ciudad de Colón, José Tournour.
Como los protagonistas de esta historia son menores de edad, interviene ahora el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf).
La semana pasada diversos organismos y organizaciones se pronunciaron sobre la situación de la nena.
El Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) afirmó que el pedido de aborto a la niña no debería haber llegado a la justicia y debió haberse realizado «sin demora» en los servicios de salud.
El interventor del Inadi, Pedro Mouratián, sostuvo que «tomando en cuenta la edad de la niña, y que el embarazo fue producto de un abuso sexual, el caso encuadraría en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Argentina».
En tanto, el médico Ariel Karolinski de la Comisión Coordinadora de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (Asumen), alertó que a medida que desciende la edad de una niña embarazada «aumenta proporcionalmente el riesgo de morir por complicaciones relacionadas al embarazo y el parto».
Opiniones sobre la no judicialización de la situación y el riesgo para la salud física y emocional de la niña fueron expuestas también por profesionales del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders).
En tanto, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que representa a 27 mil médicos y trabajadores de la salud, elaboró el documento «Situaciones silenciadas, silencios que aturden», donde «condena lo sucedido con la nena entrerriana».
Se sumaron hoy las voces de las organizaciones que se convocaron en la Casa de Entre Ríos, mientras en Concordia, se realizaba la misma actividad.
«No olvidemos esta caso. Nos duele como sociedad y debemos seguir manifestándonos para que el Estado repare derechos», dijo esta tarde Estela Díaz, coordinadora de género de la CTA.
