A través de una resolución, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, instruyó a todos los fiscales federales y nacionales del país a que insten la clausura de prostíbulos que sean investigados por trata de personas y esclavitud sexual. Los fiscales deberán pedir además el decomiso de los inmuebles donde se cometen los delitos e investigar otros tipos de hechos de índole sexual, como la facilitación, promoción y explotación de la prostitución con la colaboración de las autoridades locales, pero, «tomando los recaudos del caso para evitar filtración de información».
Al respecto, el director de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, comisario Alejandro García, expresó su satisfacción por la resolución del procurador y estimó que «en el corto o mediano plazo, estos locales van a desaparecer del ámbito de la provincia y vamos a dejar de estar señalizados como una zona cautiva de la trata de personas y donde se hacen todo este tipo de negociados».
García remarcó que generalmente el delito de trata de personas «tiene relación con otro tipo de ilícitos, como la droga, el tráfico de menores, de órganos. De allí se programan y pergeñan la mayoría de los atracos y, para nosotros, será una satisfacción poder dar punto final a este tema».
Asimismo, el comisario entendió que llevar a cabo la clausura de estos locales «terminará con el axioma que la Policía es la corrupta y la que habilita estos locales lo cual es totalmente incierto, porque los únicos que otorgan las habilitaciones son los organismos municipales que, en su mayoría, dan la categoría de bar o whiskerías, que no dejan de ser prostíbulos que trabajan con alternadoras». «Con las instrucciones del procurador general se podrá tomar cartas en el asunto”, manifestó García.
