El 24 de febrero, el gobernador, Gustavo Bordet, a través del decreto 322/23, del MGJ, determinó hacer lugar a la presentación realizada por miembros del Circulo Odontológico de Paraná, y suspendió, en Sede Administrativa, lo dispuesto por las resoluciones 387/21 y 404/21 del Coer “hasta que la cuestión se resuelva mediante mecanismos no adversariales y conciliatoria”.
La postura de Iosper
Sobre este tema, Cañete afirmó que “el decreto ratifica lo que ha sostenido Iosper siempre, es decir, que las resoluciones del Colegio eran ilegales, porque no estaban refrendadas por el Poder Ejecutivo, y a su vez, el decreto 322/23, del MGJ refuerza lo que Iosper solicitó al Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes”.
También recordó que Fiscalía de Estado “se expidió en Dictamen 0440/22 FE en sentido contrario a la competencia del Colegio referido para el dictado de las resoluciones, pudiendo sólo propiciar ante el Poder Ejecutivo la fijación de esos aranceles mínimos”, por lo que consecuentemente, “tampoco podría aplicar las sanciones previstas en la Ley 7468, invocando el cumplimiento de aquéllas”.
Sin embargo, el Coer inició actuaciones sumariales a diversos profesionales por “…incumplimiento a normas arancelarias…”. Las medidas de la entidad colegiada “son reveladoras de cierta forma de imposición incompatible con los compromisos previos asumidos por los profesionales involucrados, provocando una innecesaria imprevisión sobre las acciones posteriores y anulando toda posibilidad de debate”, dijo Cañete.
Cañete, adelantó que “en Directorio, este martes, analizaremos bien este decreto y los pasos a seguir”. El decreto 322/23, del MGJ, fue emitido el 24 de febrero y refrendado por la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.
