Portando una amplia bandera que decía: “No a la cárcel sí a la reapertura del frigorífico”, los integrantes del Frente Barrial 19 de Diciembre, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), ex trabajadores del frigorífico y colonos de la estancia El Quebracho, marcharon por las calles.
En un documento, entregado al Intendente, los manifestantes cuestionaron el proyecto y propusieron que los 20 millones de pesos que demandará esa construcción sean utilizados para otras iniciativas que generen puestos de trabajo. En ese sentido, detallaron que la idea es “construir una universidad o que se reabra el policlínico para la atención de los niños, como tantas veces se prometió, o que ese dinero se utilice para la generación genuina de trabajo como es la reapertura del frigorífico o de proyectos productivos como los que presentaron los colonos”, indicó Ignacio Rivero, de la agrupación Frente Barrial 19 de Diciembre.
Como hasta ahora, la postura oficial es avanzar en la construcción de la cárcel, los santaelenenses anunciaron que realizarán una nueva marcha para el viernes y otra para el 9 de octubre, fecha que se firmaría el convenio que daría inició a la obra de la unidad penal. Ese día, se tiene prevista la visita del primer mandatario entrerriano, según lo anunció Rossi.
Alternativas
Los manifestantes expresaron en el petitorio: 1) la alternativa de una universidad antes que la cárcel, 2) la entrega de parte de ese dinero que costará la edificación de la penitenciaría a los colonos para la compra de herramientas para trabajar la tierra, o también destinar el esfuerzo que dice estar haciendo la clase política en solucionar los problemas de la gente, 3) la reactivación del frigorífico distribuyendo ese dinero en la puesta en marcha de la industria que significará ir saliendo del asistencialismo que los mantiene prisioneros desde hace más de 10 años.
Agregan además: “No a la desarticulación de la unidad productiva con la venta de los campos de El Quebracho, destinando casi 1.000 hectáreas, que serán repartidas entre los amigos del poder, jaqueando aún más la posibilidad de una reapertura que posibilite recuperar la dignidad tantas veces mancillada”.
“En Santa Elena, la cárcel está instalada hace más de una década”, se indicó.
Tras recibirlos en su despacho, el Intendente reafirmó su postura a favor de la unidad penal y desafió a los manifestantes a que si el 9 de octubre la movilización por el no es más grande que la del sí, él no tendría problemas en cambiar su postura. Según comentó Rivero, el jefe comunal le propuso que ese día, fecha en que se firmará el convenio con la presencia de Busti, concurran a la Municipalidad con carteles del “no” a la cárcel y si hay más oposición que adhesión respetará la decisión de la mayoría.
Intervino el Defensor del Pueblo
El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, le pidió al Gobierno nacional instrumentar “medidas integrales” para reactivar el Frigorífico Santa Elena. Tras analizar la situación socioeconómica y laboral en la ciudad, el funcionario solicitó al Estado nacional que se inicie un proceso paulatino de reactivación para lograr la reapertura de la industria cárnica paralizada hace 11 años.
De esta manera, Mondino exhortó al Gobierno nacional a que encare medidas cuya finalidad sea la puesta en marcha de la planta y así relocalizar a los ex empleados.
El funcionario nacional hizo un pormenorizado informe y resolvió el pertinente reclamo a la ministro de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, enviando copia a su vez al gobernador Jorge Busti.
Mondino tomó intervención en el caso Santa Elena, por la presentación que efectuó el profesor Elvio Darío Gamarra. Analizadas las pruebas, la Defensoría del Pueblo de la Nación resolvió exigir al Gobierno nacional poner en marcha un proyecto de reactivación. Si la Nación no cumpliese con lo establecido en el exhorto, Gamarra podrá interponer un recurso legal para obligar al Estado a cumplir con la normativa.
