Asimismo, cuestionaron a algunos funcionarios públicos que no hacen bien su labor y obstaculizan el trabajo de los defensores, y además declaran a los medios de comunicación que los asesinatos de estos líderes sociales son por otras causas y no las reales.
Funcionarios pertenecientes a la ONU Colombia, investigaron y recabaron información de estos asesinatos e informaron que hasta el 20 de diciembre van 105 líderes sociales.
"Hasta hoy 20 de diciembre, existe un total de 105 homicidios, de defensores de derechos humanos y líderes sociales, entre ellos se encuentran: 73 asesinatos contra líderes y lideresas, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales. Además la Oficina tiene otros 11 casos más en proceso de verificación", precisa el comunicado.
Asimismo, el comunicado detalla que estos asesinatos no son por "líos de faldas, peleas con vecinos y rentas ilícita" como lo han comunicado los medios informativos sino que han "ocurrido en zonas de las cuales salieron las FARC, y en las que se ha generado un vacío de poder por parte del Estado, en contextos de violencia generalizada contra la población por el accionar de criminalidad común u organizada; y por ejercer labores de defensa de los derechos humanos tales como: denunciar u oponerse a la existencia de economías ilícitas y el accionar de la criminalidad; reivindicar derechos propios o colectivos; apoyar políticas derivadas del Acuerdo de Paz y por conflictividad".
Por otro lado, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera que la labor de defensores es "legítima, necesaria, y fundamental para la consolidación de la democracia, el estado de derecho y la construcción de una paz sostenible".
El pasado 21 de diciembre, un líder social fue asesinado junto a su hija de ocho años de edad en el departamento de Putumayo.
El asesinato ocurrió horas después de que el ministro de la Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, anunciara que iba a investigar los casos de asesinatos de los líderes sociales. Este ha sido el último crimen registrado en la nación contra estas personas pertenecientes a organizaciones sociales.
