Además la nota repudiamos al Defensor General de la Provincia y a la Defensora de Pobres y Menores de Paraná que, “obedeciendo órdenes de Urribarri, acuden a la justicia para evitar la huelga docente y no hacen nada cuando desde el Estado Provincial no se garantiza el derecho a aprender de los niños y adolescentes en condiciones dignas, incluso ante los casos denunciados por AGMER ante la Defensoría General del Superior Tribunal”.
De la misma forma, hicieron extensivo el repudio a la jueza Cecilia Bértora que de esta manera “pone al Poder Judicial al servicio de los intereses del Ejecutivo”. “Es lamentable ver que en Entre Ríos no existe la división de poderes”, indicaron.
Más adelante, manifestaron el “absoluto compromiso en la defensa al Derecho Constitucional a huelga, histórico logro de los trabajadores organizados, que ningún artilugio judicial implementado por cualquier gobierno de turno podrá mellar”.
Para Agmer, el origen del conflicto se encuentra en el hecho de que, a pesar de las declaraciones públicas del gobernador hablando de una provincia con buenos indicadores económicos, “Entre Ríos continua pagando los salarios más bajos de la región”. “Estamos exigiendo una mejora salarial para el conjunto de los docentes activos y jubilados”, dijeron.
Los secretarios generales exigieron de manera urgente la publicación del cronograma de pagos en los plazos en que ha sido exigido en el Congreso de AGMER y además manifestaron que no acuden al paro como primer medida puesto que, antes de parar, “solicitamos por diferentes medios la apertura del diálogo salarial y nos encontramos con la permanente negativa de Urribarri y sus ministros”.
Por último, llamaron a la docencia entrerriana a mantener el estado de movilización que se ha visto en todos los departamentos durante estos días y propusieron a la Comisión Directiva Central la convocatoria a Congreso de la entidad para el día 6 de agosto “a los efectos de analizar la situación y determinar los pasos a seguir”.
