Lo real es lo que no se ve
“Las usurpaciones son políticas, todos saben quien está detrás de esto”, con esta sentencia Jorge Busti dejaba a todas luces claro que el generador de las recientes ocupaciones ilegales de tierras por cientos de personas, era el intendente Juan Carlos Cresto.
El gobernador no sólo imputó a Cresto de estimular a tomar terrenos sin seguridad y salubridad que coloca a cientos de familias en alto grado de vulnerabilidad, susceptibles a la contingencia, sino que también hace referencia a que nunca fue actor central de esta problemática, al expresar “a mi nunca se me generó este tipo de situación y eso que me ha tocado gobernar Concordia en medio de crisis profundas”.
La simpleza en la lectura del problema por parte del gobernador, deja una clara impresión de querer esconder que la ocupación irregular de tierra en la periferia urbana no es un problema social de larga data en esta ciudad y que no está estrechamente vinculada a las sucesivas y equivocadas políticas de vivienda llevadas a cabo.
Lo cierto y concreto es que la crisis económica, la desocupación, el subempleo, la inestabilidad laboral, las migraciones, la exclusión, el importante crecimiento demográfico, los bajos ingresos, el alto costo de los alquileres y las viviendas, entre otras cuantificaciones para una acertada política en viviendas, agravaron el problema habitacional en la última década en nuestra ciudad.
Estos aspectos explican, en buena medida, el mantenimiento y crecimiento de los asentamientos con casillas de maderas precarias y la multiplicación de toma de terrenos ya sean fiscales o particulares.
Al ataque Kamchastka
Frente a la enorme necesidad de viviendas, la artimaña de muchos y desde hace tiempo en esta ciudad, es apropiarse de un pedazo de tierra desocupado, con la esperanza convertida en posibilidad de que le construyan una vivienda. Esta muy claro que este movimiento social ocurrido recientemente en Concordia, es una manifestación de la necesidad de viviendas y la insuficiencia de atención por parte del Estado.
“ A nosotros no nos mandó nadie, lo que no entendieron todavía Busti y Cresto, es que todos nosotros que somos jóvenes y tenemos gurises, tenemos derecho a tener un pedazo de tierra y una vivienda digna, nosotros también vivimos en esta ciudad, de aquí no nos vamos a ir hasta tener respuesta”, manifestaba a DEBATE Y OPINIÓN, José Cabral de 22 Años de edad, junto a su compañera de 19 años tienen dos niños y usurpan un terreno de Bv. Yuquerí y Sauré.
Recorriendo las nuevas usurpaciones, se puede observar que la mayoría de estos “okupas” son jóvenes de entre 17 y 25 años, que han formado familias. Son hijos de familias que anteriormente el Estado les construyó viviendas, en muchos casos de una sola habitación.
Por supuesto que muchos aprovechan la proximidad de las elecciones, donde tanto Busti como Cresto juegan todas sus fichas el próximo 18 de marzo, “acuérdense que ante de fin de años los candidatos hasta chupetines nos van a traer, con tal de que trabajemos para que ellos lleguen al poder” clamaba una joven “okupa”.
No es cuestión de números, pero las cifras sí sirven para revelar que parámetros fundamentales deberían estar contemplados (y no lo están) en el diseño de cualquier política que se jacte de ser seria en materia de viviendas en la ciudad, como es el crecimiento de su población y el nivel de ingresos. De alguna manera los dichos de Busti “vamos a abrir un registro en la CAFESG para saber que cantidad de familias necesitan terrenos y viviendas” corrobora la falta de políticas de viviendas.
En Concordia, cada noventa y seis minutos, una persona llega a la mayoría de edad, es decir que cinco mil cuatrocientos concordienses al año comienzan a incrementar la demanda habitacional de la ciudad. A esto hay que sumarle que la mayoría de los jóvenes tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Como contrapartida, el estado provincial entregó 300 viviendas del Programa Federal Solidaridad Habitacional, donde la Nación financia la totalidad de las viviendas, demandó 19 meses (quinientos ochenta días) para su construcción, cuando en realidad la tenían que haber hecho en 8 meses. Deduciendo, es casi media vivienda por día. Esto explica, de alguna manera, la inoperancia por parte del organismo responsable de vivienda provincial (IAPV), primero en proyectar y luego en producir viviendas y fundamentalmente controlar, aún con presupuestos. Esta provincia ha desaprovechado la posibilidad de construir 5.000 viviendas de programas nacionales por no cumplir entre otras cosas, con los plazos.
«Hoy el problema de vivienda en Concordia no es económico porque hay inversión pública por parte del Estado Nacional. El problema es que el ritmo de las obras adjudicadas no es el que indica el pliego de licitación producto de la incapacidad de construcción de las empresas constructoras locales y de la falta de control y exigencia de parte del organismo a cargo”, nos decía un inspector de obra del IAPV.
La falta de vivienda para una familia no es sólo un hecho de carencia o privación. Es la carencia o privación de algo debido y, por consiguiente se trata de una injusticia.
El gobernante cuándo perciba que una vivienda es mucho más que un simple techo, que es donde la persona se realiza y vive su propia vida, dónde construye también, de alguna manera, sus relaciones con los otros y afirma su identidad, seguramente multiplicará el esfuerzo para reducir la dimensión del problema.
