Núñez señaló que el juez entendió que las medidas dispuestas eran demasiado gravosas para los dos imputados. “Al confirmarse va a continuar en libertad, con mayor libertad”, dijo. Por ende, el médico puede salir de la ciudad sin tener que solicitar un permiso al Juez de Garantías. Sólo debe pedir permiso para salir del país”, indicó a Radio Ciudadana (FM 89.7).
El fiscal sostuvo que desde un primer momento desde el ministerio público fiscal la restricción de movimiento de Ojeda. Y en un primer momento tuvieron en cuenta el pedido dado que el medico pasó 30 días en la Alcaldía policial y otro tiempo similar en la Unidad Penal Nº 3. Luego Ojeda obtuvo la prisión domiciliaria. Núñez apeló esa resolución porque entendía que no había motivos para morigerar la decisión de que permanezca detenido.
Núñez explicó que, en una primera instancia, los cuatro jueces intervinientes en la causa entendieron que había riesgo de entorpecimiento "por los mensajes de telefonía celular a la principal testigo de la causa a la cual tanto Ojeda como Duráez le habían enviado mensajes intimidantes para que se abstenga y vuelva enseguida a la clínica”.
“A su vez las declaraciones testimoniales de vecinos de la clínica que informaban, y se puede apreciar en el video, que Ojeda y Duráez sacaron material médico y quirúrgico. Alteraron el lugar del hecho de la clínica. Esos riesgos procesales fueron tenidos en cuenta desde el primer momento de la investigación y luego mantenidos en las siguientes audiencias donde se pidieron morigeraciones que se le habían rechazado a la defensa”, manifestó.
Pero las medidas tienen una duración temporal al cabo de las cuales se analiza si persisten en el tiempo o se las debe modificar. “Yo lo que digo es que estos riesgos procesales existen. Es decir, la persona luego no pudo volver a entorpecer la investigación no fugarse porque quedaron detenidas”, dijo.
Ya no hay más recursos procesales para que Núñez apele dado que las dos únicas existentes, el juez de Garantías y la Cámara de Apelación, fallaron en contra de las pretensiones del Ministerio Público Fiscal. Núñez explicó que no puede acudir al STJ (Superior Tribunal de Justicia). “Solamente se accede al STJ por una cuestión constitucional”, señaló.
Respecto de la causa, dijo que aún faltan los resultados de una pericia química para saber que droga se le administró a la paciente que falleció y en que dosis. “Está vinculada justamente a la causa de la muerte”, explicó. Se trata de un examen oneroso y los laboratorios privados no lo pueden afrontar justamente debido a su costo. “Aunque quisiéramos hacerlo hay imposibilidad física de poder hacerlo en la provincia”, expresó. Luego de finalizada, anticipó que pedirá ir al juicio oral.
