De esta forma, el acuerdo tiene como objetivo reducir los índices de siniestralidad vial asociados a las fallas mecánicas de los vehículos. En este sentido, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo afirmó que “la exigencia y cumplimiento de la Revisión Técnica Obligatoria constituyen dos medidas necesarias para garantizar la seguridad activa y pasiva de los vehículos que circulan por las rutas de nuestro país, reforzando además las tareas de control”.
La exigencia de RTO está dirigida principalmente a vehículos de uso particular, bajo criterios homogéneos en todo el país referidos a los aspectos técnicos, documentales y normativos aplicables.
Los principales grupos o sistemas sometidos a control durante el proceso de Revisión Técnica son los siguientes: Sistema de dirección, tren delantero, tren trasero y suspensión, sistema de frenos, determinación dinámica de eficiencia, control de estado de chasis, emisión de contaminantes, gaseosos y sonoros; neumáticos y llantas, sistema eléctrico, iluminación y señalización; instrumentos y accesorios, estado general de carrocería, letreros e indicadores, elementos de emergencia, salidas de emergencia, vehículos propulsados a GNC, dual, vehículos de transporte de pasajeros 0 Km, sistema de arrastre para semirremolque, sistema de enganche para acoplado, unidades para contenedores, transporte de sustancias peligrosas, procedimiento para vehículos no convencionales.
Sin obligación
Debido a que en Entre Ríos no se encuentra vigente la Revisión Técnica Vehicular obligatoria, los rodados que salgan de la provincia debe requerir un certificado donde conste dicha resolución, a los efectos de evitar multas en otras provincias.
El 22 de abril de 2002 la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) denunció penalmente al ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Horacio Mori, por la forma en que se había otorgado la concesión del servicio de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria durante la segunda gestión de Jorge Busti como gobernador.
En la presentación efectuada por el organismo a cargo de Oscar Rovira se indicó que el trámite administrativo fue manipulado para favorecer a las empresas Alesia Sociedad Anónima y Tecnología, Telecomunicaciones e Informática Sociedad Anónima (TTI) –ambas cercanas a Mori– y que se abonó un sobreprecio de 2.700.000 pesos/dólares; y luego, al acordar la rescisión del contrato, se pactó una indemnización de 4.650.000 pesos/dólares a las empresas con títulos de la deuda pública a siete años.
A pesar de las pruebas que había contra el ex funcionario, la causa no prosperó y fue archivada por prescripción en noviembre de 2005.
Ese fue el último intento de implementación de un sistema verificación técnica para vehículos particulares en la provincia.
