«El dinero para la actividad política que no sale del presupuesto sale de otro lado y puedo asegurar que cuesta más», advirtió la ministra durante la disertación. La ministra señaló que «todos los que hacemos política sabemos que para llevar a cabo la actividad se necesitan fondos» y destacó que el dinero para tal fin «o salen de las empresas privadas o sale del Estado».
La ministra habló al presentar ayer los proyectos de ley que redactaron la diputada porteña Gabriela Cerruti y el senador bonaerense Santiago Nardelli, ambos del kirchnerismo, y que apuntan a mejorar la transparencia en la recaudación de fondos para las campañas.
A su turno, Nuñez dijo que es una tarea fundamental la que le encomendaron. “Éste proyecto de ley contribuye a la transparencia de las campañas electorales y efectúa un aporte de fondo también a la eventual gestión de gobierno”. Adelantó que le pedirá una audiencia al ministro de Gobierno, Sergio Urribarri, la semana entrante para definir operativamente como concretar en ley proyectos similares, “los cuales beneficiarán la democracia entrerriana y valorizarán las instituciones».
Consultada Ocaña sobre sus denuncias hacia los aportantes de campaña, la ministra negó que el respaldo a esos proyecto esté vinculado a las derivaciones del triple crimen y recordó que en 2003 ya había presentado en el Congreso una iniciativa similar. «Yo vengo desde hace muchos años con este tema», aseguró.
La iniciativa de Cerruti, que será presentada esta semana en la Legislatura de la Ciudad, contempla topes de 20 mil pesos anuales por persona para el aporte privado a partidos distritales y 10 mil para partidos comunales, con destino a financiamiento institucional.
Para capacitación y formación, 10 mil pesos y cinco mil pesos, respectivamente, mientras que para campañas establece un tope de 30 mil pesos y 20 mil pesos. También contempla prohibiciones para conseguir financiamiento directa o indirectamente, con dinero proveniente de empresas o de directivos de compañías.
La problemática cuenta con dos normas nacionales: la ley 25.600 de Financiamiento de los Partidos Políticos aprobada en 2002, y la ley 26.215 aprobada en 2006, que contempla límites a los gastos de campaña.
Para Cerruti, el sistema político «sigue funcionando como en la prehistoria» y destacó que «cuando se habla de estos temas nos miran como si estuviésemos hablando de un tema raro».
Por su parte, Nardelli destacó que «no hay reglas de juego explicitadas» respecto del financiamiento político. El senador kirchnerista presentará un proyecto similar en la Legislatura bonaerense.
