Sin embargo, los letrados parecían encaminarse a imputar a funcionarios de Vialidad de Santa Cruz por un delito menor, incumplimiento de los deberes de funcionario público, por no controlar que las empresas de Lázaro Báez se impusieran en una cantidad de licitaciones superior a lo que permitía el certificado de capacidad de ejecución y contratación. No hubo perjuicio económico, pero algunos atrasos -dice la UIF- se debieron a que Austral Construcciones tenía demasiadas obras por realizar.
Los abogados -Leandro Ventura y Alejandro Irachet- fueron los primeros en alegar en el juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal número 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Con el pedido de sobreseimiento planteado por Ventura e Irachet la acusación quedará en manos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, que ya le adelantaron a los medios alineados con el macrismo que apuntarán contra CFK y todos los demás imputados. Habrá que ver cómo lo concretan: en los tres años del juicio, a la expresidenta ni siquiera la nombraron. No hubo un solo testigo que la vinculara con algún delito.
“La UIF debió apartarse”
Los letrados arrancaron diciendo que “la UIF debió desistir de esta acusación desde el principio porque en este caso no hay lavado de dinero, que es el objetivo del organismo. La UIF debió apartarse”.
A partir de ese punto inicial, en el que ya estaba claro que la UIF no acusaría, Ventura arrasó con los peritos oficiales. Sostuvo que cada uno eligió una metodología distinta y que no se hizo nada para clarificar qué metodología correspondía. En algunos casos, el perito oficial, Bona, presentó precios mayores en un 250 por ciento. Pero la UIF consultó bibliografía norteamericana y argentina y señaló que lo afirmado por Bona era completamente incorrecto. Por ejemplo, el perito sostuvo que los criterios de los contratos de recuperación y mantenimiento de rutas (CREMA) pueden asimilarse a los de construcción de una autovía, como el caso de la Ruta 3, la principal periciada. Sólo la compactación que requieren los terraplenes de una autovía tiene costos completamente distintos a las banquinas de una ruta común. Además, la UIF mencionó que el perito oficial ni siquiera tuvo en cuenta los costos superiores de mano de obra de Santa Cruz, comparados con los de Chubut, “algo que se podía verificar simplemente consultando las planillas de la UOCRA, el sindicato de la construcción”.
“Bona sostuvo que el hormigón de mayor calidad era el de mayor precio, algo que es por supuesto equivocado y comparó las obras de Santa Cruz con rutas construidas sin puentes ni obras adicionales”, remató Ventura
Finalmente, los representantes de la UIF no sólo afirmaron que no están probados los sobreprecios sino que ratificaron lo señalado por una de las auditorías realizadas en tiempos del macrismo: “No se pagó nada que no se hubiera construido. La diferencia es muy menor, del 0,1 por ciento”. Es decir que consideraron falso lo que se publicó en tapa tras tapa de los grandes medios: las obras se realizaron con buena calidad, tuvieron los atrasos normales verificados en todas las provincias y no hubo ningún cobro que no tuviera certificados de obra que fueron controlados por los supervisores.
Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 esencialmente porque tenían el personal y la maquinaria en Santa Cruz, lo que lo ponía en condiciones de ofertar más bajo que otras empresas de distintas provincias que tenían que movilizar empleados y maquinarias a centenares y hasta más de mil kilómetros, además en condiciones climáticas muy difíciles como los del suelo santacruceño.
