Los legisladores esperan que ésta sea la última prórroga de la suspensión de los remates y que el Congreso de la Nación, en el corto plazo, adopte una solución de fondo al problema, que consistiría en un recálculo de las deudas.
En sintonía con esa intención, el PJ presentó un proyecto en agosto pasado que facultaba a la Justicia provincial para “recalcular las deudas hipotecarias en base a la tasa pasiva del Banco Nación, en caso de conflictos entre deudores y bancos, lo que reduciría el monto a pagar. Pero los abogados cuestionaron la fortaleza constitucional de la iniciativa”, relató el diputado justicialista Raúl Solanas.
Por ese motivo se decidió que la mejor opción sería una nueva suspensión, ante la posibilidad de una solución de fondo de parte del Congreso.
El texto establece la suspensión, por un plazo de 180 días, de las ejecuciones hipotecarias que tengan por objeto la vivienda única y familiar del deudor. Se contempla, además, la inclusión de los deudores que se encuentran desocupados con un período de protección especial de un año.
Vivienda única
Por otra parte, la norma sancionada incluyó un registro de deudores con ejecución judicial hipotecaria que sean propietarios de vivienda única y familiar. El objetivo es determinar cuál es el número de damnificados en la provincia.
Estimaciones preliminares revelan que habría 700 casos en Paraná e igual número en el resto de la provincia. Paralelamente, Solanas anunció que se presentará un pedido de informes al Superior Tribunal de Justicia para que indique cuántas viviendas están en riesgo de ser rematadas.
El bloque radical planteó como límites para acceder al beneficio de la norma, que las propiedades comprometidas tengan avalúo fiscal que no supere los 100.000 pesos. La UCR agregó que todo conflicto que se genere en torno al contenido de la ley, la Justicia debe resolverlo en beneficio de la protección del deudor que ella establece.
“El poder político tiene la obligación de dar una respuesta a los sectores más débiles en el conflicto planteado entre los deudores y las entidades financieras”, resaltó el bloque de la UCR mediante un comunicado emitido ayer a la tarde. “Esto no deja de ser un paliativo, dado que es el Presidente de la Nación quien debe buscar mediante una legislación nacional la solución definitiva, y no como ha hecho hasta ahora, privilegiar el estricto cumplimiento del pago a los bancos y entidades financieras”, continuaron.
