Algunos de los empleados trabajan desde fines del mes de diciembre del año pasado en el predio. Ganan $ 150 semanales a cambio de realizar tareas de “vigilancia” durante jornadas de 12 horas diarias que se extienden de lunes a sábados. Otros perciben $ 20 diarios por picar columnas de cementos esparcidas en el predio.
Larocca, quien no votó a favor de la concesión, expresó que el intendente Juan C. Cresto como “máxima autoridad de la Municipalidad” tiene la obligación de observar y exigir el cumplimiento estricto del contrato. Pero esa obligación la ha incumplido debido a que la prueba es “la falta de registro de varios trabajadores de CETRU”.
El contrato celebrado en agosto de 2006 exige que el personal debe cumplir sus tareas dentro de los requisitos de la ley de contrato de trabajo”. Pero los empleados se encuentran sin registrar y no se les abonan las cargas sociales.
La información divulgada por el concejal radical, según informa el correo, fue constatada por la autoridad laboral correspondiente que “seguirá los cursos pertinentes para que se regularice dicha situación”.
El concejal Marcos Wdowiak (Bloque Vecinal), quien votó a favor de la concesión, recalcó en noviembre pasado que desde el Concejo se exigió a la empresa la necesidad de contratar 50 cartoneros. “Necesariamente los van a tener que contratar, pero ya van a estar en condiciones dignas; con un sueldo, una obra social, seguros, etc.”.
El edil Martín Santana (PJ), quien también levantó la mano a favor de la concesión, también dijo en ese entonces que el convenio “solucionará la cuestión laboral de quienes ingresen a trabajar ahí porque estarían en blanco, con beneficios sociales y jubilatorios; con un sueldo digno de convenio”.
La cesión del Campo del Abasto por 20 años -refrendada por el Concejo Deliberante en octubre pasado- fue denunciada por el ex-edil, Eduardo Miranda y el ex-fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, por haber entregado un predio municipal sin haber llamado a licitación pública.
La causa penal por destinar “bienes del Estado en beneficio de la pura y simple actividad de un particular” se encuentra en trámite ante la Justicia de instrucción local y en ella se denuncia al intendente y los concejales del oficialismo y del vecinalismo.
