“Las respuestas que nos dio fueron cosas que ya sabíamos y que no agregan demasiado”, admitió Artusi. En cambio, señaló que persisten las dudas sobre algunas cuestiones. En primer lugar, como marcha la cancelación de la deuda que mantiene la Nación con la Cafesg.
También mencionó la derivación de fondos de Cafesg a obras que son competencia del gobierno nacional. Y señaló que Bahl aseguró que en lo que va del año, la Cafesg recibió $ 45 millones “cuando a esta altura, según el convenio, tenían que haber recibido $ 150 millones”.
El ministro entregó un conjunto de documentación escrita que aún no fue analizado por los legisladores. Además no tienen todos los papeles sino que deberán pedir a la Presidencia de la Cámara que les envíen lo restante. Artusi no descartó que, a partir de esa lectura, presenten algún pedido de informes adicional o algún proyecto de resolución.
Los legisladores reclamaron, al mismo tiempo, saber si el gobierno actual intervino para derogar la resolución Nº 406 del año 2003 de la secretaría de Energía que reduce el envío de fondos a la Cafesg. “El ministro se amparó en decir que eran resoluciones del año 2003 y que desconocía”, dijo Artusi. Cuando le hicieron saber que lo que querían era conocer si el gobierno actual había realizado alguna gestión, Bahl dijo que lo desconocía.
Cuando llegó el turno de abordar el tema de los presuntos sobreprecios: “el ministro explicó, de una manera casi burocrática, como es el mecanismo, teniendo en cuenta la ley de Obras Públicas”. Artusi dijo que le hubiera gustado tener mayores precisiones.
De todas formas, dijo que el sobreprecio en la obra pública no es patrimonio de la Cafesg. “Lamentablemente es un mal extendido en la administración pública entrerriana y podríamos decir el país”, añadió.
El tema dio pie para que el legislador recordase una iniciativa presentada hace tiempo por el bloque para transparentar las licitaciones que no fue tratada en el recinto por desinterés del oficialismo. El proyecto busca que no sólo trascienda la cotización de la oferta y el monto que se le adjudica a la empresa ganadora sino toda la cadena de valor. Esto quiere decir la estructura de precios que incluye el costo de los materiales y de la mano de obra y un margen de utilidad razonable para la firma que se encarga de la obra.
“Esto apunta a brindar transparencia al proceso licitatorio”, señaló el presidente del bloque de diputados. Artusi señaló que el número de empresas de construcción está lejos de ser una cifra ideal que transparente al mercado, tal como lo establece la ideología de oferta y demanda de los economistas liberales. Como son pocas, “ahí se produce el fenómeno de la cartelización suponiendo que se pongan de acuerdo, cosas que todo el mundo sabe”.
Si se aprobase el proyecto, Artusi no dudó en que “se va a estar en condiciones de luchar decididamente, y no sólo con declamaciones, en contra de este flagelo que es el sobreprecio de la obra pública”. Pero no ha tenido eco y Artusi admitió que el bloque tiene un número reducido y no puede imponer absolutamente nada. “Pero es importante que la sociedad sepa que tenemos una propuesta alternativa para debatir”, señaló.
