-¿Cómo están monitoreando la controversia por las papeleras?
-Venimos trabajando con la serenidad que corresponde a un ámbito gubernamental que -entre otras responsabilidades- tiene el control de vivienda, territorio y ambiente. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente lo hemos sustentado en todos los ámbitos de actuación gubernamental e incluso académicos y en la tarea de diez años de continúa acción al frente del Municipio de Montevideo, en donde los aspectos de defensa ambiental fueron para nosotros absolutamente clave. Obviamente, la situación es preocupante, pero creemos que no hay que renunciar al diálogo para resolver el conflicto, sino todo lo contrario.
-¿En algún momento evaluaron la posibilidad de un traslado de estas empresas o la paralización de las plantas como un gesto para abrir el diálogo?
-Cuando se plantean estas cosas, hay que tener en cuenta que se resolvieron en el gobierno anterior (por el de Jorge Battle). Estas resoluciones una vez que son consideradas válidas y legítimas, y que fueron conocidas por los dos gobiernos, se tornan muy difícil para retrotraerlas. Creo que lo importante no es saber si pueden estar en otros ámbitos, sino qué efectos objetivamente considerados pueden surgir de las eventuales actividades de estas plantas una vez que estén en funcionamiento.
-Cuando se consulta a las autoridades argentinas dicen que su gobierno ha retaceado información. Y cuando esa misma consulta se realiza ante las autoridades uruguayas, sostienen todo lo contrario…
-Me sorprende esa situación. No sólo es nuestro afán que todo lo actuado por mi ministerio sea público, sino que esté a disponibilidad de todos los ciudadanos del mundo. Mire, cuando hice el discurso de clausura de la Conferencia por el Convenio de Estocolmo (en mayo en Punta del Este), recurrí a una frase de la extraordinaria escritora Margarite Yourcenar (autora de Memoria de Adriano y Los archivos del norte, entre otras célebres obras) que decía: «No vivimos en un país, sino en un planeta». Y a eso lo tenemos muy en cuenta. Lo mejor que podamos hacer para la defensa de la biodiversidad, la defensa de la ecología y en definitiva para la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos de hoy y del mañana, es precisamente tener en cuenta que es muy difícil reconocer límites administrativos y políticos, donde tallan los aspectos ambientales. Por eso, nos preocupa mucho lo vinculado con la pureza de la atmósfera, las condiciones de los cursos hídricos y la calidad del suelo, porque los efectos de distintos emprendimientos industriales pueden ser no sólo perdurables sino indeseados. Y así como hemos actuado en el municipio de Montevideo, que llevamos con éxito la misión de controlar que los emprendimientos cumplan con las normativas vigentes en todos los niveles, lo haremos ahora en el orden nacional y en el internacional. Siendo intendente de Montevideo he clausurado importantes industrias por la falta de esos cuidados, y de la misma manera procederemos con estas empresas si sus instalaciones no cumplen con lo que corresponde.
-Quisiéramos plantearle un escenario hipotético. Imaginemos que las dos plantas de celulosas están funcionando a pleno y se llevan adelante controles binacionales. ¿Qué ocurriría si los informes de ambos países no llegan a ser coincidentes?
-Hay cuestiones que son objetivas. Lo que es importante -y me preocupa- es que no llega a convencer las informaciones que están sustanciadas en análisis técnicos y académicos.
-En caso de que se produzca un accidente industrial o que por la producción de las papeleras el turismo u otra actividad como la apicultura desaparezca o merme sustancialmente su potencial, ¿quién se hará cargo de las indemnizaciones?
-Estamos ante un escenario muy improbable, de acuerdo a la informaciones técnicas que tenemos en nuestro poder. Los efectos conjugados dan bajísimos riesgos y entiendo que no hay que descartar nada. Existen normas del Derecho Público y desde luego del Derecho Internacional, que indican que los eventuales efectos negativos que pudieran perjudicar a personas o actividades deben ser contempladas para resarcir lo que corresponda.
-¿Lo resarcirá el privado o el Estado?
-La verdad es que no me lo he planteado en esos términos. Pero ya que lo pregunta y pensando en voz alta, creo que corresponde que sea el privado quien se haga cargo de esos resarcimientos. Salvo que el Estado haya sido omiso en sus responsabilidades públicas para hacer cumplir lo que es su obligación.
La búsqueda de los sustentable
-El proceso de instalación de las dos plantas ha sido desprolijo para las sociedades civiles, especialmente la entrerriana. Los gobiernos nacionales y ambas empresas no han estado a la altura de las circunstancias. ¿Con estos antecedentes disvaliosos se puede ofrecer un elemento para consolidar la confianza entre las partes?
-Tenemos que consolidar el Mercosur, pero no vulnerando su propia normativa. Creo que es en su primer artículo que se garantiza la libre circulación de bienes, transporte y personas. Cuando vemos una actitud como el corte de rutas, nos resulta muy poco comprensible. Tal vez nos remita a una tradición en la región de que Uruguay es un país muy pequeño.
-Nos parece que no hay que alentar el Darwinismo social si se plantea la integración. De todos modos, así como en Argentina es un derecho constitucional el libre tránsito, también es derecho Constitucional la Salud, el medio ambiente y la defensa de la vida. Y cuando dos derechos entran en tensión, debe prevalecer el de más jerarquía.
-Desde luego que no queremos alentar el Darwinismo social, porque se supone que todas las naciones, más allá de su tamaño y población, tienen los mismos derechos y deben ser respetadas como tales. Y con respecto a la colisión de derechos constitucionales, quiero aclarar que esa postura la sostendría una y mil veces. Sobre el derecho a la vida no hay nada más sagrado. Pero, ¿cuáles son las argumentaciones técnicas y científicas válidas que puedan inferir que la vida esté en peligro? Quiero asegurarles que la instalación de las plantas se están desarrollando con las técnicas más exigentes del mundo actual.
-Es relativo. Porque la empresa ENCE fue condenada penalmente por la justicia ibérica por el delito de contaminación continúa. En el mundo entero hay antecedentes de que estas industrias son altamente contaminantes. No estamos ante una industria que sea simpática con el medio ambiente, ni mucho menos con la biodiversidad, por caso se puede analizar el monocultivo del eucalipto.
-Desde luego que concuerdo con esa perspectiva. Por eso, hemos admitido todas las sugerencias del gobierno argentino y se ha conformado la Comisión Binacional, donde participan diversos organismos estatales además del sustento de primer nivel de nuestras universidades nacionales. Por otra parte, la auditoría solicitada por Argentina para analizar las actuaciones de los estudios de impactos ambientales, no hacen otra cosa que respaldar lo actuado por nosotros y eso nos da tranquilidad. Seguimos convencidos que la controversia debe superarse por el diálogo entre las partes.
-Usted acordará con el concepto de que dinamismo económico no es sinónimo de desarrollo sustentable ni mucho menos de desarrollo social…
-Mire, eso lo repitimos constantemente y forma parte de nuestra filosofía y de nuestra gestión. No debemos confundir la acumulación monetarista con la calidad de vida que las personas merecen. Esa es una postura que la hemos sustentado desde siempre y la hemos impulsado cuando nos tocó gobernar en Montevideo y es nuestro compromiso ahora que gobernamos el país. Las empresas bajo nuestro gobierno no tomarán como estiercolero público a la atmósfera, a la tierra ni a los cursos de agua.
-Siente que esta controversia es un serio obstáculo para avanzar en otros frentes en común entre ambos países…
-Me dan ganas de decir que no. Sería una insensatez que por desinteligencia se eclipse todo. Me niego a pensar que eso sea siquiera posible. Hay que encontrar el diálogo para superar las diferencias.
