En ese sentido, explicó que los recortes se producen en gastos de funcionamiento. “Eso nos preocupa porque después tenemos que empezar a priorizar y dejar actividades que estamos haciendo por falta de financiamiento”, añadió.
De hecho, el personal se mueve en vehículos bastante antiguos. “La flota está totalmente envejecida”, dijo. Desde un VW Senda 1992 hasta un modelo 2009. Cada vez que se rompen, deben gastar $ 2.000 como mínimo en el taller. “Los repuestos han subido, el combustible también. La plata que tenemos para funcionar la gastamos también en vehículos. Todo es un combo que va en desmedro de lo que dedicamos a trabajar”, dijo.
Además Barreto manifestó su preocupación por un informe del Ministerio de Modernización de la Nación donde se establece que en el Inta sobran 750 empleados a nivel nacional. La planta de empleados a nivel nacional es de 7.100 empleados. En consecuencia, el ministerio estimó que el 10 % del personal está de más.
En el Inta Concordia, que además agrupa a las agencias de Federal y Chajarí, hay 110 empleados. Por ende, 11 personas podrían quedar cesantes: “si hacemos la proyección aritmética de ese número”.
Por ello, en la plaza 25 de Mayo, cada empleado de la agencia Concordia explicó públicamente que función cumple. “No tenemos ñoquis, ingresamos por concurso. El Inta es una institución que tiene control social de todos los organismos del Estado. Es un organismo descentralizado y el órgano máximo son personas ajenas a la institución. Es el Consejo Directivo que está conformado por Coninagro, Sociedad Rural y representantes de la Facultad de Agronomía. Tenemos un fuerte control social. Seguramente tenemos cosas para mejorar”, admitió Barreto.
Entre las tareas que se llevan a cabo en Concordia, destacó que en el Campo El Alambrado, ubicado en el Lago de Salto Grande, se lleva a cabo la producción de yemas de plantas de citrus que se plantan en la zona. “Eso es básicamente una de las actividades que se verían afectadas. Toda nuestra investigación sobre el mejoramiento genético de las especies forestales y el trabajo de investigación sobre frutales”, dijo. “Esas actividades tendríamos que ir eliminándolas”, dijo. Y si bien dijo que no tienen inconvenientes de obtener fondos de otras instituciones para investigaciones, de esa manera, el Estado se está desligando de esta tarea.
De la misma forma, destacó que hay consejos a nivel regional donde trabajan en conjunto con productores agropecuarios que los ayudan a mejorar. “Pero si empiezan a quitar los fondos de funcionamiento, empezamos a tener menor eficiencia. Si lo que quieren mostrar es que el 90 % de los fondos se va en sueldos, en algún momento van a decir ‘¿Cómo se justifica esa cantidad de gente?”, dijo.
A eso se sumó el cambio de conducción en el ministerio de Agroindustria, se fue Ricardo Buryaile y asumió Luis Etchevehere, del que depende el Inta. “Todo esto genera una situación de incertidumbre”, explicó.
Y además dijo que hay versiones periodísticas que hablan de que se está discutiendo también el régimen jubilatorio de los investigadores y comisionistas del INTA. “Los investigadores de Inta y Conicet tenemos un régimen especial de jubilación. Ese régimen está dentro de lo que llaman jubilaciones de privilegio. Pero no consideramos que tengamos un régimen de privilegio como si fuéramos un diputado de los que cumplen funciones de hasta un año. Nosotros hacemos nuestros aportes y nos descuentan un 2 % más precisamente para ese fondo para asegurar el 85 %. Consideramos que esto es completamente injusto”, dijo Barreto.
El gremialista indicó que “ni siquiera” están reclamando por sus salarios sino por los fondos de la institución para que el Inta no se achique y no se recorte personal. “Tenemos una cobertura nacional; estaciones experimentales en todas las provincias; en la provincia de Entre Ríos una agencia en cada departamento. Es una cobertura que no tiene ninguna estructura del estado”, dijo.
