EN ENTRE RIOS Y CONCORDIA…
Coetáneamente a este anuncio, el gobernador de Entre Ríos firmó ayer un Decreto mediante el cual instruye a los organismos del Estado provincial a abrir los archivos para que “las víctimas de las dictaduras militares desde 1955 a 1982 o sus familiares directos” puedan acceder a toda la información.
El anuncio no solo está lleno de significación discursiva sino que, inmediatamente puede comenzar a ofrecer resultados, en especial si computamos que ese período incluye a la terrorífica triple A y a lo que en esta provincia se conoció como el Comando Paraná.
Este y otros medios de la provincia reflejaron días pasados que la concejal Nené Salazar (PJ-Concordia), le solicitó al gobernador y al jefe de policía de la provincia, Héctor Massuh que abra los archivos de la policía departamental Concordia, pues se sospecha que, su hermano desaparecido, Sixto Salazar, pasó por esa dependencia luego de haber sido secuestrado mientras se dirigía a su trabajo en el ferrocarril Urquiza.
Anoche, la hija del desaparecido, en el acto realizado en Plaza Urquiza en un nuevo aniversario de aquel fatídico golpe de Estado no solo apuntó contra “altos” funcionarios (en referencia al ex gobernador Jorge Busti) que cobijaron en sus gobiernos a quienes participaron de aquella orgía de sangre, sino que también reclamó saber, conocer lo que le pasó a su padre, del que la dictadura la privó.
Un dato a destacar y no menor a la hora de descifrar si no se trata de puras palabras, es que la concejal Salazar había señalado que el reclamo lo hacía ante el jefe de policía y el gobernador pues no tenía ninguna confianza que el responsable de derechos humanos en Concordia, Ruben Bonelli hiciera algo por este tema.
Anoche el Intendente Gustavo Bordet, aprovechó la oportunidad para hablar del “excelente trabajo” realizado por ese funcionario. Dijo Bordet “que se sepa todo, que se abran los archivos; que se sepa quienes eran los alcahuetes, los buchones, los que actuaban en el Batallón 601, que podamos decir acá están”. En cuánto a los autores materiales de torturas y desapariciones, y otras violaciones a los derechos humanos, Bordet aclaró que “todos sospechamos quienes son, pero tenemos que tener la certeza, y la única manera es seguir la causa en el juzgado federal de Concepción del Uruguay”. Hasta aquí todo bien en su manifestado compromiso. El punto es que, a renglón seguido Bordet dijo “Rubén Bonelli ha trabajado muy duro por esta causa, pero queremos lograr la elevación a juicio en todas las causas de violaciones a los derechos humanos”. El contraste sobre lo que opina la concejal y Bordet sobre este funcionario es evidente, por lo que, sería bueno que Bordet le haga conocer a la sociedad ese “trabajo duro” para que también los ciudadanos tengan la posibilidad de valorarlo y finalmente concluir sí, como él lo afirmó, es “excelente” o no.
Por lo pronto y salvo que nos atuviéramos a las palabras de la concejal, es difícil contradecirlo pues, ese “trabajo” sencillamente se desconoce.
Habrá que estar atentos para que esta decisión política no sea solo letra muerta, para que no sirva solo como discurso de ocasión.
Entre Ríos, además de aparecer como una de las pocas provincias donde no hay militares juzgados por delitos de lesa humanidad, es la que sus habitantes debieron soportar que aquellos que protagonizaron y fueron parte de la noche más oscura de la que se tenga memoria, fueran premiados por la democracia. Recién ahora se comienzan a decir estas cosas, aunque muchos sabían y el autor de esta nota lo ha denunciado, acerca de la debilidad de Busti por nombrar en su gobierno a personajes vinculados a la represión, por caso el Mayor del Ejército Orieta (fallecido luego en un accidente de tránsito) a quien él hizo nombrar como jefe de seguridad de Salto Grande. Para quienes no lo saben, Orieta era una de las manos derecha del jefe del regimiento local Teniente Coronel Naldo Dasso. Orieta era además festejado por su impronta de “pesado” en los círculos y clubes del poder concordiense, los mismos que también fueron aliados de Busti en pleno florecimiento menemista.
De allí, que es básico para la memoria y la esperanza de los entrerrianos y concordienses que el Decreto firmado ayer por Urribarri no sea pura letra muerta. El tiempo lo dirá.
MAS DE 80 CAUSAS FUERON ELEVADAS A JUICIO…
Y en Entre Ríos ninguna. Aparecemos como una de las provincias que ha hecho poco y nada al respecto. Sobre el tema abría que decir que, según el abogado querellante que representa a las víctimas del terrorismo de Estado, Marcelo Baridón, la Causa conocida como Área Paraná cuya carátula es Juan José Trimarco (ex general a cargo de la Regional II con asiento en Rosario) y Otros donde se investiga también lo ocurrido en el Hospital Militar de Paraná, está por ser elevada a juicio. Baridón aclaró en una nota realizada por Alejandro Giano, que se trata de una mega causa que tiene 44 cuerpos y en la que declararon más de 200 testigos. Destacó que por primera vez se investigan los hechos ocurridos en un hospital, así como la aparición del nieto Nº 97.
LA PRESIDENTE Y SU COMPROMISO
Mientras se realizaban los actos conmemorativos del 24 de marzo, o solo se hablaba en las escuelas de aquellas atrocidades y los militantes hacían catarsis, estaba todo bien, el tema deja de ser una simple película de terror cuando el gobierno comienza a tomar decisiones y la sociedad apurar a la lenta, lentísima justicia argentina.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas por Raúl Alfonsín bajo la extorsión militar, fueron derogadas por el gobierno kirchnerista. Era una vieja aspiración social. No se puede reclamar cárcel para delincuentes comunes mientras asesinos seriales, ladrones de bebe y torturadores, permanecían en libertad. ¿ con que derecho a unos sí y a otros no ?. Además y para quienes se amparan en todo el tiempo que pasó, vale recordar la continuidad de los juicios contra las atrocidades cometidas en la Alemania nazi y los argumentos desaparecen. A los países vecinos no se los puede poner como ejemplo o en todo caso, son ejemplos de impunidad, no de justicia.
Entonces, la derogación no se trató solo de la medida legislativa, la sociedad, sus organismos de derechos humanos y con la tenacidad que los ha caracterizado comenzaron a recorrer tribunales para reactivar las causas detenidas obligando a que la justicia desempolve amarillentos expedientes. Así, muchos jueces se sintieron habilitados y otros se vieron obligados a avanzar en causas que, por tratarse de delitos de Lesa Humanidad no prescriben. Esto permitió que desde ese momento hasta ahora se hayan podido elevar a juicio en todo el país más de 80 causas.
Esto implicó que todos los argentinos pudiéramos ver a los genocidas más reconocidos, sentados en el banquillo de los acusados, pero faltan muchos aún y este es el problema. A medida que el proceso avanza, los nervios de los involucrados se hacen sentir.
Sobre todo el de los cómplices civiles que se favorecieron con las acciones de esa dictadura genocida, entre ellos, aquellos que se apropiaron de bebé que fueron arrebatados a sus familias de origen.
En este rubro se debe anotar a la propietaria del mega grupo Clarín cuyos hijos fueron adoptados mientras se desataba una orgía de sangre y dolor. Desde hace años existen cada vez más sospechas sobre la identidad de esos chicos y hasta ahora, no existe en la Argentina una ley que defienda el ocultamiento de la identidad. Sí existe una ley que garantiza la identidad, el derecho a saber quienes somos.
Es llamativo que ante tanta defensa de republicanismo, la oposición no se horrorice de esta irregular situación judicial que obstaculiza brutalmente el acceso a la verdad. El anuncio de ayer de la presidente CFK emocionó hasta las lágrimas a aquellos que desde hace años luchan por la recuperación de sus familiares, en especial los niños robados.
Aunque sea solo por un minuto imaginemos lo que puede suceder en la forma de ver las cosas en este país sí, de pronto, nos enteramos que, efectivamente y como se sospecha, los hijos de la Noble, son hijos de desaparecidos. Quedaría expuesta la más grande de las complicidades de un modo brutal. Papel Prensa y los titulares amigables quedarían apenas como anécdotas. Hay mucho en juego, para todos.
