Auat agregó, en una entrevista con la agencia Télam, que «esa es la preocupación» del Ministerio Público, del cual depende la Unidad, y explicó que «el tiempo perdido es un problema serio en estas causas», debido a la edad de los imputados y también de las víctimas y sus familiares, así como a la alta exposición de los testigos.
Pablo Parenti, quien trabaja con Auat coordinando esa unidad, consideró que el Poder Judicial «debe dar un paso más» y «desarrollar estrategias que eviten demoras», y sostuvo que para ello «hace falta más firmeza por parte de los jueces». Esta firmeza, explicó, se demuestra utilizando las propias facultades del Poder Judicial, como «corrección» o «sanciones» ante «presentaciones manifiestamente improcedentes», lo que constituye -dijo- «un imperativo ético» además de normativo.
Incluso, Parenti recordó recientes declaraciones de integrantes del Poder Judicial en cuanto a que «todo esto no era su responsabilidad sino de otros poderes», y consideró que «ese tipo de expresiones no hacen más que confirmar el discurso de la impunidad».
Lamentó también que el Poder Judicial no haya tenido todavía «el grado de renovación necesaria o saludable» que termine con «características de elite, con poca apertura hacia la sociedad». Argumentó que por este motivo se suma a la «complejidad» que de por sí tienen las causas por violaciones a los derechos humanos otros problemas que denotan «falta de compromiso» con «dar respuestas a la sociedad», como el permitir «la estrategia de dilación que utilizan algunos defensores (privados y oficiales), que tienen un interés directo en que las causas no avancen».
Según coincidieron Auat y Parenti, «los operadores judiciales pueden advertir esta maniobra (recursos procesales como las recusaciones) desde el primer escrito que presenta la defensa». «Es lectura de manual, pero muchas veces en vez de corregirlas algunos jueces permiten que se logre el cometido, es decir que no haya juicios y, por lo tanto, tampoco estado de derecho», dijo Auat.
Frente a esta situación que encuentran en muchas provincias, la Unidad Fiscal contrapone la «estrategia de unificar causas» para «robustecer el proceso» para que reflejen realmente «la magnitud de la represión en Argentina» y no se trate de «juicios raquíticos a una o dos personas y por pocos hechos. Auat citó el caso de la provincia de Tucumán, que pese a ser uno de los epicentros de la represión en el noroeste del país, tiene un sólo juicio con un imputado (juicio por ex senador por el Peronismo Guillermo Vargas Aignasse) que no representa lo que sucedió en Tucumán».
