La presentación para poder obtener una ayuda económica que permita alcanzar una asistencia especial fue realizada en diciembre de 2008 durante una reunión entre los representes legales de la mujer y funcionarios de la Fiscalía.
Fuentes gubernamentales indicaron que uno de los abogados de la mujer se presentó a buscar la respuesta en las oficinas de la Fiscalía de Estado. Allí se notificó del rechazo a la asistencia especial. El monto que habría solicitado la mujer para afrontar el tratamiento era de unos 5.000 pesos mensuales.
La mujer comenzó a sufrir los primeros síntomas en el tratamiento para controlar el avance del virus. Por tal motivo, la mujer se sometió a una serie de análisis, en Rosario, para determinar si se despertó la enfermedad. Un allegado a la familia contó: “Ella sufre calambres que según las primeras impresiones de los médicos podría ser por los retrovirales, pero hay que esperar los resultados”.
En la actualidad, la víctima solventa su tratamiento en esa ciudad santafesina con ayuda de la Oficina de Asistencia a la Víctima y con la colaboración de particulares.
Esta situación impensada no sólo le generó problemas de salud en la mujer, sino que trastornó su vida cotidiana. Primero tuvo que abandonar su vivienda, de condición humilde, para tener un mayor resguardo. Por tal motivo, el ex ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, dispuso durante su gestión que el gobierno afronte el pago del alquiler de una casa para la familia.
Pero sucede, que en los próximos días se vence el contrato y la familia deberá abandonar la vivienda. Al parecer, el Ministerio de Salud y Acción Social no habría respondido a los pedidos de ayuda económica para renovar el contrato de alquiler de la familia, cuya vida se trastocó por una mala intervención en un nosocomio público.
La investigación podría tomar un giro imprevisto luego de la declaración del ex secretario de Salud de la Provincia de Entre Ríos, Mario Elizalde. En esa oportunidad, Elizalde puso en el ojo de la tormenta en los profesionales encargados de analizar la sangre en el hospital San Martín de Paraná.
El profesional había dicho ante la jueza de Instrucción Elisa Zilli que “en el hospital San Martín ni siquiera habrían analizado la sangre que fue enviada desde el San Roque”. De este modo, las culpas podrían recaer en el personal encargado de realizar las pruebas en ese hospital, ya que desde allí se habría informado que “la sangre estaba bien” sin analizarla.
Ayer, luego de la declaración de una testigo surgió otra hipótesis: la posibilidad de que exista una “estafa procesal” por parte de profesionales del San Martín. Según averiguó UNO, desde el nosocomio se habría remitido documentación “falseada”.
Según la investigación judicial, en el San Roque no había reactivos químicos para realizar los exámenes para conocer si la sangre estaba infectada con HIV. Por tal motivo se envió al San Martín donde se realizó el análisis.
