El fiscal confió en que esa declaración "puede ser un efecto reflejo para que otros acusados tomen la misma postura" y si bien reconoció que "hace un tiempo que algunos acusados están dando indicios de que tienen intención de aportar datos para ubicar a los desaparecidos", siempre "es sorpresiva" esta actitud.
Consultado sobre si los procesados decidieron aportar datos a cambio de mejorar su situación judicial, Trotta respondió que "no, en absoluto". "No hubo pedido de reducción de pena, no existe ninguna negociación" al respecto, al menos desde el punto de vista del Ministerio Público, indicó.
No obstante, el presidente del Tribunal Oral Federal 1, que lleva esa causa, Jaime Díaz Gavier, dijo que el exmayor Barreiro tiene la "posibilidad" de tener una "disminución" en la pena, luego de haber aportado datos sobre el enterramiento de desaparecidos en un centro clandestino que funcionó en Córdoba durante la última dictadura.
En diálogo con radio Continental, el magistrado contó que Barreiro declaró que de las 25 víctimas, "unos 20 desparecidos fueron ejecutados antes" del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Y "los otros cuatros serían posteriores" a esa fecha. Aseguró, además, que Barreiro "de ninguna manera aceptó tener ninguna participación" en los delitos, pero al colaborar con la entrega de registros de desaparecidos, "la ley penal prevé la posibilidad de disminuir o atenuar la pena en la medida que el imputado contribuya".
Ayer, Barreiro señaló supuestas fosas de enterramiento de desaparecidos en la última dictadura, dentro del predio donde funcionó en Córdoba el Tercer Cuerpo de Ejército y en la villa Ciudad América, y además mencionó los nombres de 25 víctimas que estarían allí. Según Díaz Gavier, el exoficial del Ejército "tenía la lista escrita con los nombres, las leyó y dejó la copia al tribunal".
