El proyecto de Solanas busca además que no quede impune el accionar delictual, por lo que solicita a la Fiscalía interviniente que tome las medidas y acciones conducentes a salvaguardar los derechos humanos de los pobladores de Santa Anita, y que, atento la gravedad de los hechos denunciados, tome medidas de protección de persona para la denunciante y para quienes integran el programa “Paren de Fumigar Escuelas”.
La iniciativa tiene como fundamento principal la preservación de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y el derecho a la salud frente a la situación criminal y silenciosa que atraviesan miles de niños, jóvenes y adultos a raíz de la fumigación con agrotóxicos.
En los fundamentos, el legislador argumentó: “Los agrotóxicos generan contaminación del aire, del agua y del suelo; mortandad de flora, de fauna y, esa contaminación también se manifiesta con graves daños para la salud de las personas expuestas a ellos, trabajadores y pobladores rurales, comunidades de entornos agrícolas y también de barrios colindantes a zonas agrícolas de ciudades.”
Para Solanas, “la situación denunciada por la maestra Mariela Leiva, es una situación de manifiesta afectación de derecho al vida y a la salud de niños, jóvenes y adultos, que día a día sufren los perjuicios nefastos y criminales de la utilización de agrotóxicos.”
A su vez el diputado sostuvo: “El tema de preservación del ambiente es tratado en la Constitución Nacional. El art. 41, plantea que, como ciudadanos de Argentina, nos comprometemos a preservar el ambiente en el que vivimos”. “Por aplicación de esta previsión normativa quienes realicen acciones que dañen el ambiente, tienen la obligación de reparar el daño causado” concluyó Solanas.
El proyecto cuenta con la firma de Julio Solanas, Carlos Castagnetto, Carolina Gaillard, Jorge Barreto, Juan Manuel Huss, Mauricio Gomez Bull y Guillermo Carmona.
