Esta causa se concentra en el caso de los hijos mellizos de Raquel Negro, que habrían nacido en el hospital entre julio y agosto de 1978. Luego de estar unos días en una clínica privada, registrados como NN, el bebé varón habría fallecido y la nena habría sido dejada por represores en la puerta de un convento u orfanato de Rosario.
Raquel Negro, en tanto, permanece desaparecida. Su cuerpo habría sido arrojado al mar, según el relato que el ex represor Eduardo Tucu Constanzo hizo el martes ante la jueza federal de Paraná Myriam Galizzi.
También se investiga el probable nacimiento y apropiación de otros dos bebés, de los que hasta el momento no se tienen mayores precisiones.
Trimarco, en tanto, está citado a declarar mañana a las 8.30, y se espera la presencia de militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos para manifestar el repudio a esta figura emblemática de la represión de los 70 en Entre Ríos.
En libertad
La aspiración de la querella era que el ex general declarara en calidad de detenido, para evitar maniobras evasivas tendientes a dilatar o abortar esta indagatoria. Para eso se había solicitado la revocatoria del llamado a declaración, buscando que se ordenara la detención inmediata.
El pedido de los abogados querellantes –Gamal Taleb, Marina Barbagelata y Marcelo Baridón– apuntaba a evitar que Trimarco alegue falsos problemas de enfermedad para no presentarse mañana, e incluso buscaban impedir que se convierta en uno más de los imputados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran prófugos.
De todas maneras, hasta ayer Trimarco no había presentado ningún certificado médico, por lo cual los organismos de derechos humanos todavía mantienen la expectativa de que se presente a la declaración indagatoria.
Además, en la resolución de la jueza Galizzi se indica que el llamado es bajo apercibimiento de ordenarse la inmediata detención en caso de que no comparezca sin causa debidamente justificada.
La magistrada también dispuso que la Policía Federal lo identifique por sus huellas dactilares y establezca su estado patrimonial para la posterior fijación de honorarios.
Temor
“La preocupación que tenemos es que la decisión de la jueza implique también pensar que el delito es excarcelable. Nosotros entendemos que no lo es dado el carácter de delito de lesa humanidad”, dijo la abogada Barbagelata. “Ahora no hay margen de tiempo para hacer ningún planteo”, se lamentó.
Según explicó la representante de los querellantes, la denegatoria al pedido de detención se basó en que a Trimarco se le imputan cuatro delitos: dos sustracciones de menores y dos sustituciones de identidad, y esto tiene una escala penal de tres a 25 años de prisión.
“El hecho de que exista la posibilidad de que en abstracto se le apliquen tres años, se entendió que se debe tener en cuenta esto. Si el mínimo diera lugar a una condena condicional, el delito sería excarcelable”, indicó.
Juicio oral por el Plan Cóndor
El juez federal porteño Sergio Torres elevó a juicio oral y público la causa contra 17 represores de la última dictadura, encabezados por el ex dictador Jorge Rafael Videla, por su intervención en el denominado Plan Cóndor. También se imputa a Eduardo Albano Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, Santiago Omar Riveros, Eduardo Daniel De Lio y Ramón Genardo Díaz Bessone, entre otros.
Se les imputan delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor, como se conoció al acuerdo entre dictaduras latinoamericanas para la eliminación de opositores políticos.
