Este pedido se asienta en lo dispuesto por el recordado Decreto Nº 805 de 1989, que planteó ese igualamiento.
El mayor número de recursos se registró en 2007, cuando se calculaba que eran 700 los agentes policiales que habían accionado en ese sentido.
En los últimos días se publicaron los decretos 2526 y 2535 donde se rechaza la pretensión de los agentes Marina Ré y Víctor Colman, quienes fueron patrocinados por los abogados Miguel Cullen y Miguel Retamozo.
El principal argumento del rechazo a la pretensión manifestada es que el decreto del 89 estableció, en su artículo quinto que el sistema aprobado era ad referéndum del Poder Legislativo, es decir que estaba sujeto a “aprobación”, y que esa condición no fue cumplida durante los 20 años, siete meses y 26 días transcurridos desde la publicación del decreto.
La conclusión que se impone es “que dicha norma no tiene vigencia, eficacia, ni fuerza ejecutoria, siendo por tanto inaplicable ya que no ha engendrado derechos subjetivos en sus destinatarios, ni tampoco obligaciones para el Estado Provincial”, señalan los decretos antes mencionados.
También se concluye, atento al tiempo transcurrido desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial y la inacción de quienes alegan ser titulares, “que aún con aplicación del plazo más benigno de todo el ordenamiento jurídico, se ha operado la prescripción de toda acción o reclamo vinculado a derecho sustantivo que pudiere haber nacido desde la publicación del Decreto Nº 805/89, operándose la prescripción liberatoria de la obligación estatal”.
En octubre de 2007 el hoy fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que entonces asesoraba al Círculo de Retirados y Pensionados dde la Policía de la Provincia de Entre Ríos opinaba que, en razón de la condición del artículo quinto, ese decreto nunca había entrado en vigencia. “Más aún, además de no entrar en vigencia, el Poder Ejecutivo provincial dictó una serie de leyes de presupuesto y decretos durante los últimos 18 años, que convalidaron otra política salarial respecto al personal de seguridad. En consecuencia, en mi opinión, los reclamos que se efectúen no prosperarán ni administrativa ni judicialmente”, indicaba en la misiva.
Asimismo señalaba: “Existe la posibilidad que los reclamos se efectúen, que sean rechazados y que los reclamantes carguen con costos y honorarios de letrados intervinientes (tengo entendido que se han distribuido formularios de poderes) con el consiguiente perjuicio de los afiliados”, de acuerdo a una carta que todavía puede leerse en la página web del sitio del Círculo.
En ese momento, otros abogados promocionaban el recurso como de gran seguridad para los policías que reclamaran.
Reiteran rechazo a un planteo que antes el Estado había avalado
El 2 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el Decreto Nº 2341/09 GOB por el cual se rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por Eduardo Barbagelata, en su carácter de socio gerente de la firma Incociv SRL, contra el Decreto Nº 7.898/08 GOB que a su vez había declarado lesivo a los intereses del Estado el Decreto Nº 2183/07 GOB y también dos cláusulas de las condiciones del contrato de consultoría suscripto entre esa empresa y la Provincia.
Incociv es una empresa de prestación de servicios profesionales en el ámbito de la ingeniería y el medio ambiente, con actuación en todas las áreas de un proyecto: estudios básicos, diseño, factibilidad técnico y económica, impacto ambiental e inspección de la construcción. Tiene su sede central en Paraná y sucursales en Santa Fe y Montevideo (Uruguay).
La historia es extensa. Incociv tenía a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra “Defensa contra las inundaciones de la ciudad de Gualeguay” y solicitó ante la Supce una redeterminación del precio de ese trabajo a la Supce (Sub Unidad Provincial de Coordinación para la Emergencia), la cual rechazó su planteo en febrero de 2005. Posteriormente se presentó un nuevo recurso, que fue también rechazado por la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
Una nueva instancia recursiva, formulada ante el gobernador de la Provincia, finalmente habilitó el tratamiento del reclamo de reconsideración de costos. Así quedó plasmado en el Decreto Nº 2183/07, que fue elaborado en base a un dictamen del entonces fiscal de Estado que entendió que correspondía hacer lugar al planteo de la empresa Incociv.
Posteriormente, el gobernador Sergio Urribarri firmó el Decreto Nº 7.898/08 que declaró lesivo el 2.183 y las cláusulas 7.1 y 7.2 de los Pliegos de Condiciones Generales y Especiales del contrato de consultoría suscripto entre esa empresa y la Provincia. La extensa argumentación, que demandó 11 carrillas a los profesionales de la Fiscalía de Estado conducida ya por el actual fiscal (Julio Rodríguez Signes) concluye en que la Supce y la UEP habían resuelto correctamente en contra el planteo de la empresa formulado más de tres años antes. Así, con el nuevo decreto, quedó suspendido el efecto del 2.183 y ratificado el 7898.
Lo llamativo del caso es que, tal vez por efecto de la “continuidad positiva” experimentada en la provincia entre la anterior gestión justicialista y la actual, serían varios los funcionarios, especialmente asesores y técnicos, que inicialmente mantuvieron la postura favorable al Decreto N° 2.183, y luego avalaron el Decreto Nº 7.898/08, que sostiene una postura absolutamente contraria. Como el Boletín Oficial sólo registra las firmas del gobernador y los principales funcionarios que intervienen en una medida, queda claro que uno de esos funcionarios es el ministro de Gobierno Adán Bahl, que suscribió los tres decretos, el primero junto a Jorge Busti y los dos siguientes junto a Urribarri.
Fuente: UNO
