El pasado martes 15 de abril, el día siguiente a la tragedia, el titular del COPNAF en Concordia Fernando Rouger adelantó en exclusiva a este diario que se constituiría como querellante en la causa, para intentar marcar precedente sobre la responsabilidad de los padres en la protección de sus hijos, al punto de ser pasibles de una acción penal, en caso que violen normas que influyan directamente en el riesgo de los menores. El caso evidenciado en este fatídico hecho, es un claro ejemplo de este paradigma, ya que la utilización del caso es obligatorio para quienes se desplazan en motocicleta, y en el caso de los menores, son los padres los que deben tener la responsabilidad de cumplir la norma, por el bien de sus hijos. El incumplimiento de una ley de tránsito determinó la muerte de un menor y en ese aspecto, Rouger planteó la posibilidad de aplicar la figura del Dolo eventual; es decir, cuando alguien viola una norma y al hacerlo sabe que pone en riesgo a terceros pero aún así lo hace, asume la responsabilidad legal de lo que pueda ocurrir, en este caso la muerte de un hijo.
Si bien en un comienzo Rouger planteo esta línea de acción, como medida correctiva y de impacto social, sumada a la medida preventiva de participar de los operativos de tránsito para garantizar que los mayores no pongan en riesgo la vida de los niños, pocos días después el abogado del COPNAF, Eduardo Esteves aclaró que el organismo no iría contra nadie, sino que simplemente buscaría acompañar la investigación.
No obstante, según confirmó la justicia, ayer fue presentado el pedido de constitución de Querella, exactamente 9 días después del anuncio hecho por Rouger en exclusiva con este diario. Ahora se debatirá en la audiencia convocada a tales fines, si el planteo es aceptado, conforme a sus argumentos, y lo que pueda plantear la fiscalía o la defensa
