La vacunación gratuita y obligatoria es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país. Además, en enero de 2019 se promulgó la Ley 27.491 -aprobada en 2018 por unanimidad en las dos cámaras- de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, que es la ley cuestionada (en la que “temen” entraría la del covid) por los que ven fantasmas y conspiraciones en todas partes.
Dicha ley, promulgada durante el gobierno de Mauricio Macri -y más allá de lo que después se descubrió que pasó con millones de dosis abandonadas y vencidas en Aduana y galpones frigoríficos- fue celebrada por organizaciones como la Fundación Huésped, que la definió como “nada más y nada menos que una gran oportunidad para que el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los equipos de salud, los centros de salud, la comunidad y los medios de comunicación se empoderen y la tomen como propia para favorecer el acceso de la población a las vacunas.”
En tanto que, por tratarse la pandemia de una cuestión atípica, la Ley que declara de interés público la vacuna contra la Covid-19 no plantea que la aplicación de una futura vacuna sea obligatoria. Inclusive, tampoco está considerado que se introduzca en el Calendario Nacional de Vacunación, regulado por la Ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación. Tampoco establece “inmunidad legal para los laboratorios por efectos secundarios” sino que propone marcos jurídicos para potenciales conflictos contractuales entre el Estado y las empresas que produzcan la vacuna. En tanto que la “confidencialidad” de los componentes de la vacuna no rige ni para la ANMAT ni el Ministerio de Salud de la Nación, sino que limita la publicación de los datos tras su evaluación y aprobación.
Para más tranquilidad de algunos sectores, en el día de ayer la funcionaria de la secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti afirmó que «ninguna vacuna contra la Covid-19 será obligatoria», dijo que «es el momento de dar un paso bien grande, de superar cualquier grieta» y destacó la importancia de que la población entienda «la estrategia del Estado nacional» en el tema.
La funcionaria expresó que desde el Estado apuestan «a que se construya confianza» sobre la vacunación y la estrategia que se lleva adelante. También confirmó que el expediente de la vacuna Sputnik V, de origen ruso, «ya ingresó en Anmat para analizarlo».
“Lo que explicamos es que las vacunas del calendario, por ley, son gratuitas y obligatorias, y que esta vacuna es una situación especial, excepcional», aseguró la funcionaria del Ministerio de Salud.
«Será una actividad específica sobre la que apostamos que se construya confianza, y que la población decida voluntariamente y adhiera a la vacunación», añadió.
Por otro lado, informó que en el país «las ofertas concretas que se están analizando, en esta primera etapa, para iniciar la vacunación lo antes posible son las de Astra-Zéneca, de Pfizer; la de Rusia, de Johnson & Johnson y de China» y agregó que, en la primera fase, se definió «no tener fines de lucro por parte de los laboratorios».
Mientras tanto, ciudadanos siguen sus campañas contra la supuesta obligatoriedad de la vacuna contra el covid, abordan a las personas en las calles y redes sociales con desinformación y un cúmulo de teorías conspirativas sin asidero para que firmen solicitadas contra una supuesta amenaza incomprobable, cuando no “aprietan” a algún reportero gráfico que está trabajando para cubrir las marchas contra las políticas públicas y sanitarias que se organizan y pretender que firme la “cruzada delirante” a fin de demostrar que no se trata de un “infiltrado del gobierno”.
Aunque tampoco sería ilógico que frente a una enfermedad que tiene tanta trascendencia pública el Estado pueda imponer la vacunación.
