Hasta ayer, en la mesa chica del PRO sostenían que Niembro estaba "firme" como primer candidato a diputado nacional por Buenos Aires en la lista de Cambiemos y descartaban cualquier decisión antes del viernes. Incluso, esta mañana, Pinedo había rechazado la posibilidad de que algún integrante del PRO dé un paso al costado: "Si la idea es que nos van a ir denunciando de a uno, mañana a (María Eugenia) Vidal y pasado a (Gabriela) Michetti, y todos tenemos que renunciar para que queden Aníbal Fernández y Lázaro Báez riéndose, no creo que nuestra respuesta deba ser renunciar y dejarles el campo abierto a Fernández y a Báez".
Sin embargo, la decisión parece haberse precipitado por los ecos de las denuncias de los contratos irregulares entre el periodista y el Ejecutivo macrista, que alcanzan la suma de 23 millones de pesos. Los rebotes de la causa continuaron ayer con el apartamiento de Niembro de las transmisiones deportivos de Fox Sports.
También ayer, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) le sugirió al juez Casanello que allane al gobierno porteño “para que aporte en un plazo que no exceda de las 24 horas los expedientes originales a través de los cuales tramitaron la totalidad de las contrataciones que el GCBA haya celebrado con La Usina S.R.L”.
Además, la Procelac recomendó que pida informes a la AFIP y a la AGIP sobre los imputados: esto incluye la compra y venta de inmuebles, automotores, aviones, barcos; pero también sus clientes, movimientos bancarios y consumos relevantes, entre otros datos. También reclamó que se intervenga la empresa La Usina para evitar la destrucción de documentos.
La denuncia de la Procelac involucra a Niembro y a su socio Atilio Meza por posibles maniobras de lavado de dinero y a los funcionarios porteños Horacio Rodríguez Larreta –jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo–, Carolina Stanley –ministra de Desarrollo Social–, Gabriela Reybaud –ministra de Salud– y Pablo Facundo Gaytan –secretario de Comunicación Social– por los delitos de incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y administración fraudulenta.
