La Ley de Educación Nacional N° 26206 define a la educación como política de estado para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los Derechos Humanos y libertades fundamentales. Y establece en su Art 92 que: «Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden institucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/las alumno/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la ley 25633» (Día de la Memoria, Verdad y Justicia).
En este marco, la conmemoración de la Semana de la Memoria constituye una oportunidad para fomentar una mirada crítica y social de los hechos, para el análisis y la formación sobre la defensa permanente del Estado de Derecho, la lucha contra todo tipo de autoritarismo, la plena vigencia de los Derechos Humanos; para que niños, niñas, adolescentes y jóvenes construyan bases sobre las cuales defender sus derechos, sus garantías constitucionales, sus convicciones, pensamientos, deseos y anhelos. Por eso es indispensable señalar el rechazo contundente frente a posturas individuales que niegan historia y sólidos acuerdos democráticos además de lo establecido por las leyes de nuestro país. No hay margen alguno para quienes teniendo la noble tarea de educar, se arroguen atributos para actuar de modo adverso a las políticas educativas establecidas. Y corresponde hacerse cargo social y legalmente tanto en términos individuales como institucionales en caso de actuar en contrario.
Creo que no es casual, en el contexto de un mes que cala hondo en nuestra historia reciente, donde seguimos reclamando condena a genocidas, pidiendo el juzgamiento por las responsabilidades civiles, financieras, eclesiásticas, mediáticas y buscando a nietas y nietos que fueron arrancados de sus madres luego del nacimiento en cautiverio. Por eso, frente a estos hechos, la condena social será parte del sostén que la Memoria necesita. La escuela es, sin dudas, el lugar propicio para ejercer esta acción formativa que nadie tiene derecho a distorsionar. Nuestro país es modelo internacional en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo son ejemplo de lucha, amor y construcción colectiva. Mucho dolor nos costó esta Democracia que debemos seguir fortaleciendo en la calle, en cada lugar de trabajo, en cada institución educativa tanto pública como privada y en cada ámbito cotidiano. Al mismo tiempo considero una oportunidad para actualizar y profundizar políticas que coadyuven no sólo a cumplir las leyes sino también a ratificar nuestra identidad histórica como Pueblo.
