Sin embargo, la existencia de estas normas no aseguran por sí mismas su efectivo cumplimiento. De hecho, su éxito está relacionado con la eficiencia de las burocracias estatales y de los sistemas judiciales y, fundamentalmente, con factores de índole cultural que privilegian el respeto de la ley.
Lamentablemente, nuestro país y nuestra provincia no poseen una larga tradición sustentada en estos principios. Por esta razón, es necesario trabajar arduamente para lograr una masa crítica que permita, en el mediano plazo, reemplazar este ambiente de anomia por uno que garantice el pleno cumplimiento de las normas.
El proyecto de ley de Ética Pública que he presentado recientemente tiene como fin garantizar reglas de transparencia en la gestión pública y reglamentar el Artículo 37º de nuestra Constitución Provincial, una deuda pendiente desde su reforma en 2008.
Uno de los puntos más importantes está relacionado con las declaraciones juradas patrimoniales: de aprobarse este proyecto de ley, las mismas dejarían de ser secretas y pasarían a ser públicas, de libre acceso para cualquier ciudadano interesado, sin costo alguno y a través de Internet, disponiéndose la obligatoriedad de presentarlas de forma anual para funcionarios, magistrados, legisladores y empleados con responsabilidad en la administración de fondos públicos (incluyendo directores departamentales de escuelas y personal de la Policía de Entre Ríos).
Entendemos que es fundamental que el pueblo conozca sin condicionamiento alguno el patrimonio de sus representantes y que trabajemos para eliminar cualquier atisbo de actitudes prebendarias en la función pública. El respeto por dicha tarea implica el ejercicio de un orden legal y ético. Las personas que nos desempeñamos en las organizaciones gubernamentales, representamos al Estado más allá de las intenciones o voluntades particulares.
Por ende, nos interesa promover la toma de conciencia sobre la responsabilidad que cada uno tiene en la prevención de la corrupción y en la construcción de una sociedad más justa.
