Luego de ser apaleado e imputado de resistencia a la autoridad (en realidad Galantini intentó impedir al apaleo al que fue sometido por la policía) y luego trasladado a la ciudad de Curuzú Cuatiá, donde siguió detenido.
Posteriormente el juez Eduardo Alegre y el fiscal subrogante de turno Ricardo López Ruiz le negaron la libertad de manera arbitraria, aduciendo que Galantini podría “entorpecer a la justicia” por ser “líder de un movimiento social” (SIC).
La brutal decisión de la ‘justicia’ correntina ratifica que la provincia a devenido en un narco estado proto feudal, donde la droga no solo circula, sino que se comercializa por la propia fuerza policial con el aval de la justicia y la runfla que la gobierna desde hace más de dos décadas.
Ya ha pasado más de una semana de esta brutal decisión judicial que criminaliza el derecho a la protesta social y buscando así disciplinar a quienes luchan y denuncian la corrupción institucional de la provincia. Guillermo Galantini fue detenido el martes 23 junto a otras tres personas (entre ellas su hijo), en el momento en que las mismas buscaban solidarizarse con familias desalojadas de un terreno en el que vivían hace 50 años.
La conducta del juez y el fiscal confirman el estado de cosas en Corrientes
El Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) denuncia que la detención a Galantini es un intento por disciplinar a toda persona u organización que luche contra la mafia instalada en la provincia
