En el juicio, el jefe municipal deberá rebatir la acusación del juez de Instrucción Leandro Ríos, quien asegura que “el intendente de de Paraná entregaba 50 mil pesos por mes para financiar el comercio de estupefacientes". La investigación comenzó luego de que las autoridades provinciales descubrieran una avioneta narco con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda presuntamente de una banda regenteada por Daniel "Tavi" Celis. Por escuchas telefónicas y un cuaderno, los detectives siguieron la pista hasta llegar a funcionarios de la municipalidad de Paraná y al propio intendente.
Tras analizar las pruebas secuestradas en los allanamientos realizados, incluso dentro de la comuna, el juez Ríos ordenó en junio del 2018 la detención de la subsecretaria de Seguridad, Griselda Bordeira y la del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández. Este último continúa alojado en la Unidad Penal 6 mientras que Bordeira está en la cárcel de mujeres de Entre Ríos. Siete meses después, Ríos procesó a Varisco, Hernández y Bordeira, por "financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes". El intendente paranaense figura como "financiador y adquiriente" de la droga; Hernández, como "adquiriente colaborador", y Bordeira, como "adquiriente colaboradora".
En tanto, la Justicia dictó un embargo de millón de pesos sobre los bienes de Varisco para otorgarle su excarcelación y dispuso que "se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal". También se le prohibió salir del país y debe presentarse todos los viernes en el juzgado e informar en caso de que debiera ausentarse de su domicilio por más de tres días.
Como parte de la investigación fueron presentados unos audios en los que Celis y compañía mencionaban a Varisco en varias oportunidades. Sin embargo, el intendente de Cambiemos negó conocer a las personas que hablaban y afirmó en un programa de televisión local que “jamás” los había visto. “En la causa no hay escuchas ni WhatsApps míos sino de gente que se refiere a mí. Eso no representa ninguna prueba", afirmó el funcionario local. Además, dijo estar "con mucha tranquilidad" y que "la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón".
Por otra parte, el intendente de Cambiemos y ex diputado nacional, espera también la fecha de inicio de un juicio junto a su pareja, la concejala Claudia Acevedo, acusados de tener una conexión clandestina de electricidad en su vivienda y en febrero del 2020 enfrentará otro juicio por "defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública". En este caso se lo acusa de haber intentado hacer un giro de 1,5 millones de pesos a la "Mutual Modelo" a pocos días de haber asumido su mandato.
