Estuvieron presentes los Senadores de Islas, Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Federación, Feliciano, Concordia, Paraná, Uruguay y Diamante, Eduardo Melchiori, Eduardo Matorras, César Garcilazo, Natalio Gerdau, Angélica Guerra, Esther González, Enrique Cresto, Juan Carlos Brambilla, René Bonato y Daniel Kramer, respectivamente.
El senador Melchiori, presidente de la Comisión, abrió el diálogo explicando que “se trata de conocer la opinión de quienes deberán ocuparse potencialmente de aplicar este proyecto en caso que se convierta en ley”. Agradeció la presencia de las autoridades judiciales y comentó que “se abre un debate interesante sobre un tema que consideramos ineludible”.
Comentarios de Cresto
Abrió los comentarios el senador Enrique Cresto. Sostuvo que “la venta de droga a baja escala es un tema discutido por muchos sectores desde que el presidente Kirchner impulsó la ley 26052, con una clara idea de luchar contra el narcotráfico, con una visión muy realista del tema, dándole participación y responsabilidad a las provincias”.
El legislador afirmó que “el tema droga está vinculado con la salud, con los jóvenes, y esto es competencia provincial, por eso nos debemos ocupar”, agregó. Recordó que cuando se aprobó la adhesión hubo argumentos de la Justicia y el Estado entrerriano que llevaron a dejar suspendida la aplicación de la ley 9783.
“Estamos preocupados por la proliferación de puestos de ventas de droga, que se nota muchísimo en las grandes ciudades. No tenemos quizá una estadística concreta, pero hay un clamor de la ciudadanía que muestra preocupación por esas situaciones y se nos expresa en forma permanente”, graficó.
Entregó a todos los presentes un conjunto de documentos entre antecedentes y consideraciones generales que acompañan el proyecto puesto a consideración.
Añadió que “esto es un paso, empezamos pensando con la estructura que tenemos y paralelamente deberíamos apuntar a ir capacitando el recurso humano en la justicia y la fuerza de seguridad”.
“Tenemos que avanzar en esto en forma coordinada, todos tenemos que participar para que tenga una efectiva vigencia y evitar retrocesos en un tema que es la lucha que tenemos que dar en este tiempo”, afirmó Cresto.
Mizawak: no hay espacio para mirar al costado
Después de esto habló la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, quien señaló que “en muchas causas penales vemos que la droga está cruzando otros delitos”. Agregó que “la mayoría de hechos de violencia que golpean a la sociedad, tienen un componente de esta materia que nos preocupa y ocupa”.
“No hay espacio para mirar hacia el costado”, dijo la Magistrada. Mencionó la vigencia de un decreto y de dos acordadas del STJ, en una de las cuales se hizo un análisis de todos los requerimientos materiales para hacer frente a este tipo de práctica delictiva en forma seria, a modo que arrojen mejores resultados.
Consideró estratégica la presencia del Procurador, sobre todo teniendo en cuenta el avance en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal. “El rol preponderante en la acción penal lo tiene el fiscal”, indicó.
Mizawak dijo que “estamos viendo en Paraná situaciones que nos llevan a poder decir que no existe una posición contraria a la posición que plantea y propone el proyecto, pero trataríamos de encontrar el mejor modo posible para aplicar la norma”.
Se refirió a la necesidad de la participación y preparación de otros organismos del Estado, especialmente las áreas de salud, porque “hablamos fundamentalmente de salud pública cuando hablamos de droga y de jóvenes”, relató.
Se mostró preocupada no solo por contar con elementos para atacar el delito, lograr condena, sino en contar con un sistema de atención y contención que hoy no existe. “Es un problema grave de salud pública”, reiteró, considerando que “aquí tiene que opinar Salud y las obras sociales, entre otros, que pagan tratamientos de rehabilitación en otras provincias”.
Señaló el déficit visible en cuanto a la falta, en la provincia, de centros de rehabilitación.
Otra cuestión que mencionó es lo que pasa en las cárceles y en este sentido se refirió a que hay 200 presos federales y la mayoría por temas relacionados con causas por estupefacientes. La mayoría de los federales no están procesados, cuentan con recursos y dificultan la tarea del penitenciario. “Si vamos a abordar esto, lo tenemos que hacer en conjunto, desde la provincia y desde organismos federales”, resaltó.
García: avanzar con cautela
Por su parte García agradeció la invitación y dijo que “es uno de los temas que ha sido ampliamente dialogado con autoridades provinciales”. Mencionó que hace un tiempo estuvo en Colombia donde se suscribieron convenios para realizar capacitación en la fuerza de seguridad provincial.
“Hemos logrado, me parece, que no haya discursos divergentes sobre el tema. Todos van asumiendo su parte de responsabilidad”, destacó.
Mencionó que en la mayoría de causas de homicidios hay peleas entre bandas en algunos barrios y es un tema cruzado por la presencia de estupefacientes. “No se trata de sacar la ley y solo así terminar con el problema. Hay cuestiones estratégicas para mencionar como es el caso de la infraestructura”, puntualizó.
Explicó algunas situaciones que se dan en la Justicia Federal, mostrando conocimiento de una situación a la que consideró “social”.
Se mostró proclive a un trabajo integral y mancomunado porque si no el objetivo loable está destinado al fracaso. “el problema mayor de la droga no es el juzgamiento, sino que se trata de lograr prevención y desarmar el sistema, decomisar y quitarles la mercadería. Quizá el fortalecimiento mayor debería darse en las fuerzas de seguridad y en un proceso que debe fortalecer la educación en lazos de seguridad entre los habitantes de los barrios.
“Es un buen momento, estamos en inmejorables condiciones por la buena relación que hay entre la Justicia y los demás organismos del Estado en lo que hace al tratamiento de temas institucionales”, destacó García.
Agregó que en nuestro territorio hay un fuerte impacto por la situación que se da en algunos corredores de entrada de los estupefacientes.
Mostró a los legisladores su opinión sobre la necesidad de armar “una fuerza de seguridad formada, preparada y blindada contra la corrupción”.
Coincidió con Mizawak en el sentido que otros delitos están atravesados por la droga. Mencionó armas o robo de coches, donde la moneda de cambio es el estupefaciente.
Reveló que se está trabajando con la Justicia Federal en el marco establecido por la ley de estupefacientes. “Propuso dar una serie de pasos intermedios para atacar las causas de fondo”, argumentó.
Afirmó que se tiene que trabajar muy fuerte en coordinar con los organismos nacionales. “Infraestructura, capacitación en las fuerzas de seguridad provinciales y coordinación con organismos federales”, propuso como objetivos centrales, en defensa de su visión.
El proyecto
Todos los senadores entrerrianos suscribieron un proyecto de ley que propone la adhesión de Entre Ríos “a las disposiciones del Artículo 34 y concordantes de la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional Nº 26.052”.
En este marco el Poder Ejecutivo Provincial deberá requerir las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de la Justicia.
Esto ha sido determinado así por la ley nacional impulsada en 2005 por el entonces presidente Néstor Kirchner, que consideró necesaria la participación de la policía y justicia provinciales para luchar contra el flagelo de las drogas.
El texto del proyecto indica que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos nacionales, el Poder Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación inmediata de esta ley.
Una secretaría específica
El proyecto de los senadores crea en el área de la Gobernación, con dependencia directa del Poder Ejecutivo, la Secretaría de “Lucha contra el Narcotráfico”, que estará encargada de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad y organismos jurisdiccionales y penitenciarios provinciales, respecto de la oferta y demanda de estupefacientes, en el marco de las competencias legales que se asumen.
A la vez esta secretaría deberá armonizar el trabajo con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) y con el Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y Control del Narcotráfico (COFEDRO).
El proyecto también apunta a la derogación de la ley 9783, por la que Entre Ríos adhirió a la ley nacional 26052. Si bien fue promulgada (decreto 4387 del año 2007), se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad “queda suspendida”.
En aquél entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado Nacional.
