Según pudo saber DIARIOJUNIO, la Audiencia del pasado viernes comenzó a las 8 de la mañana y duró hasta las 12, o sea, 4 largas horas en las que los abogados del principal acusado querían retrotraer los hechos de modo de hacer caer varios de los acuerdos ya alcanzados con varios de los imputados.
En la Audiencia estuvieron presente el mencionado Juez Mautone, los abogados Tomás y Guillermo Smaldone (2) ; Arias y Orion y el Fiscal Fabio Zabaleta.
En efecto, los nuevos abogados de Jorge Robinson, en rigor, Tomás y Guillermo Smaldone, formularon básicamente 3 planteos que debería resolver Mautone antes de elevar la causa a juicio : a) quieren saber en representación de quién o quienes actúan Oriol y Arias b) plantean además sobreseer a Robinson en varias de las imputaciones, también a su esposa, Nancy Solis y c) anular el juicio abreviado a Siebzehner.
No es poco lo que está en juego. La evaluación que hacen desde fiscalía, es que Robinson se quedó con alrededor de 600.000 dólares, el monto aproximado de lo que sería esta denuncia de estafa ; también los 4.600 mts2 de terreno que la Fundación ya perdió.
Pero el punto que de algún modo deja al descubierto la movida dilatoria es que, fiscalía imputó a alrededor de 20 personas de los cuales y según ya informara DIARIOJUNIO, 15 resolvieron su situación y otros 4 están en vías de…
El dato sobresaliente es, efectivamente, la desproporcionada cantidad de años que ya lleva sin resolverse. La causa comenzó en el año 2013 y la investigación para determinar culpabilidades llevó cuatro años y medio y se estiró hasta el año 2017, momento en que Zabaleta pidió al juez la elevación a juicio.
Durante ese lapso ocurrieron medidas de las más variadas, desde un exhorto (ROU) República Oriental del Uruguay, hasta 75 oficios y 15 pericias. La causa ya tiene 14 cuerpos, lo que da una dimensión del volumen de la misma.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el fiscal y los abogados de los imputados se encargaron de ir resolviendo cada situación particular, salvo Robinson que, por lo visto, se propone estirar, estirar y seguir estirando hasta diluir su responsabilidad. Más aún, según lo manifestaron sus abogados, se propone también demandar tanto al Estado como a los querellantes por daños y perjuicios.
BREVE RESEÑA
Esta causa, que comenzó en el año 2013, luego de una denuncia protagonizada por uno de los integrantes de la familia Arias, cayó en manos del fiscal Fabio Zabaleta que imputó a Jorge Robinson (quien aparecía como presidente de esa fundación) y a su hijo ; a Mario Siebzehner y a Andrés Chabrillón por el delito de “Administración fraudulenta” en diferentes grados, autores, coautores, instigador y/o autor intelectual y partícipe necesario.
Es que “vendían” a precio vil terrenos super exclusivos. En otras palabras, terrenos cuyo metro cuadrado podía venderse a 40 o 50 dólares, aparecían vendidos a 10 dólares. Se trata de un gigantesco terreno que va, desde calles Salto Uruguayo al sur y la planta de Obras Sanitarias al norte y de calle Victorino Simón al Oeste y el Río Uruguay al Este, quedara en manos de Jorge Robinson y que, lo transformara de hecho, casi en su propiedad y desvirtuara el objeto principal de aquella Fundación creada en el Siglo pasado.
El valor inmobiliario de esa propiedad, parece haberle nublado la vista a quienes conducían esa institución desde hacía ya muchos años y al parecer sin ningún tipo de control.
Como ya fuera contado en este diario, ese predio fue el producto de una donación de familias acomodadas de esta ciudad, que tenía por fin la construcción de un edificio destinado a hijos y parientes de familias que padecían algún tipo de enfermedad mental.
Cuando quisieron poner manos a la obra y construir ese hospicio, las autoridades de salud y con buen criterio no lo permitieron debido a la peligrosidad (estar ubicado a solo pasos del río) que representaba para quienes supuestamente iban a albergarse en ese lugar.
A partir de la prohibición de construir ese edificio todo fue complicándose, tanto desde el punto de vista de los objetivos como de la administración.
Finalmente, esta denuncia lo que al parecer intenta, es impedir que un bien que tenía fines humanitarios termine siendo aprovechada por un minúsculo grupo de personas.
