La causa se inició luego de una denuncia protagonizada por uno de los integrantes de la familia Arias y cayó en manos del fiscal Fabio Zabaleta que imputó a Jorge Robinson (quien aparecía como presidente de esa fundación) y a su hijo ; a Mario Siebzehner y a Andrés Chabrillón por el delito de “Administración fraudulenta” en diferentes grados, autores, coautores, instigador y/o autor intelectual y partícipe necesario.
Es que “vendían” a precio vil terrenos super exclusivos. En otras palabras, terrenos cuyo metro cuadrado podía venderse a 40 o 50 dólares, aparecían vendidos a 10 dólares.
A partir de allí sobrevinieron otras imputaciones, en rigor, la mayoría de los compradores, los que a la hora de declarar el precio al que habían adquirido esos terrenos, se negaron a hablar.
Los compradores que dijeron la verdad y desnudaron el ilícito, no quedaron imputados. Es que, ese había sido el acuerdo propuesto por Zabaleta.
Robinson por su parte, fue la cara visible de este entuerto y es hasta hoy el que más palos en la rueda ha puesto para evitar la elevación a juicio que, probablemente se concrete en próximos días y luego de la próxima audiencia que tendría lugar la semana que viene. Como dato, vale decir que Zabaleta pidió la elevación a juicio en el año 2017…
Hoy por hoy, esa Fundación está intervenida y a cargo de Fernando Oriol que, llegó a ese lugar designado por Personería Jurídica de la provincia.
OTROS DETALLES DE LA CAUSA
De ese fenomenal predio de alrededor de una docena de manzanas, va quedando poco sin resolver. Por lo pronto, el Estado expropió alrededor de 3 manzanas. Espacio necesario para la construcción de la nueva Planta Potabilizadora de agua.
Otras 3 ½ manzanas fueron devueltas por 7 de los imputados en esta causa. Entre los que devolvieron los terrenos y quedaron sobreseídos aparecen, Mario Sborosky y dos de sus hijos (Paula y Andrés) ; Hendlin y su socio Diaz ; Kobrinsky (estación de servicio) y Calero.
A su vez, de ese grupo de 15 imputados, ya se resolvieron judicialmente los casos del escribano Andrés Santiago (sobrino de la escribana Mcdonald) y el operador inmobiliario Andrés Chabrillón, quienes aceptaron una “Probation” conocida también como suspensión de juicio a prueba.
También ingresaron en este grupo de “Probation” otros dos compradores, Cáceres y Avío.
A su vez, fueron condenados a 2 (dos) años de prisión condicional, Mario Siebzehner, en rigor, el administrador de la “Fundación Ayuda psico-somática San Antonio de la Concordia” y María Delfina de Santiago Mcdonald, la escribana imputada por el delito de “falsedad ideológica”.
