Las causas judiciales y sobretodo aquellas de gran repercusión pública no son aptas para ansiosos ni para aquellos cuya lengua es filosa; venenosa y especialmente dañina para la sociedad que, más que nada necesita de buenos ciudadanos que aprendan a hablar con fundamentos y datos ciertos. Al que le quepa el sayo que se lo ponga y es de esperar que se avergüence un poquito.
En este caso específico, el expediente judicial estuvo prácticamente detenido en el Superior Tribunal de Justicia ya que fue la etapa de las pericias. Tres tipos de pericias, caligráficas; telefónicas y de computadoras, acaban de finalizar y comenzaron las notificaciones.
En cuanto a las pericias caligráficas, DIARIOJUNIO pudo saber que el o los peritos encontraron varias Actas con anomalías. Lo que se sabe hasta ahora es que, por ejemplo, el Acta principal, esto es, la que autorizaba la venta de terrenos, tiene un agregado (debería ser inviolable) ; uno de los directivos de la Fundación que aparece firmando en una determinada fecha, estaba en el exterior y se detectaron firmas truchas.
En cuanto a las pericias telefónicas se recuperaron 7.000 llamadas o mensajes borrados, de los cuales, casi una docena, serían claves para la causa. De igual modo y respecto de las computadoras revisadas, se habrían encontrado y recuperado archivos principales que contribuyen a esclarecer la supuesta maniobra de estafa.
Es dable señalar que resta aún conocer el resultado de la pericia contable.
LO QUE PUEDE VENIR, EL FISCAL, LAS PENAS
Lo primero es que, una vez anoticiados del resultado de las pericias, los imputados podrán impugnarlas
Como se dijo, lo que puede venir, si el gobierno quisiera avanzar, es un pedido de rendición de cuentas, ¿ que significa esto? Significa que este gobierno, en representación del Estado, desde ahora autorizado a intervenir esta Fundación, podría iniciar un juicio civil a quienes hasta ahora manejaron la Fundación y están sospechados del delito de estafa y exigir un resarcimiento.
El fiscal Zabaleta puede pedir la elevación a juicio oral y público y acusar a los imputados de haber provocado un daño a la Fundación. El delito sería la estafa y está contemplado y tipificado en el artículo 172 del Código Penal o podría seguir recolectando pruebas e incluso imputar a más personas. El escollo para esto son los testimonios de los compradores, muchos (la mayoría) de los cuales se niegan a declarar.
El delito por el que serán llevados a juicio los imputados, los 4 actuales o más si el fiscal decide seguir aportando prueba, tiene una pena que va de 1 mes a 6 años de prisión. O sea, se trata de un delito que si alcanza los 3 años o menos, es excarcelable.
