El proyecto, que será remitido durante la jornada de hoy -miércoles- al Senado para comenzar con el tratamiento de la iniciativa, logró un "amplio consenso" entre los miembros de la OFEPHI y la Nación, indicó la Presidencia en un comunicado.
El proyecto fue rubricado durante una una reunión encabezada por la Presidenta en la que estuvieron presentes los gobernadores de Chubut y presidente de la OFEPHI, Martín Buzzi; de Neuquén, Jorge Sapag; de Santa Cruz, Daniel Peralta; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Jujuy, Eduardo Fellner; de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos; de Mendoza, Francisco Pérez; de La Pampa, Oscar Jorge; y el vicegobernador de Salta, Andrés Costas Zottos.
La Presidenta, por su parte, estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitancih; el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro de Planificación, Julio De Vido; y el titular de YPF, Miguel Galuccio.
Al término del encuentro, Buzzi precisó que el nuevo proyecto de reforma de Ley de Hidrocarburos establece un 20% de libre disponibilidad para la exportación de la producción petrolera por parte de las empresas extranjeras que decidan invertir en el sector.
"Los distintos tipos de productores pueden disponer del 20% de libre disponibilidad para el inversor extranjero", afirmó Buzzi en conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, acompañado de sus pares de la OFEPHI. La producción off-shore, en tanto, podrá tener hasta un 60% de disponibilidad para el inversor.
"Esperamos que el conjunto de las cámaras puedan acompañar el proyecto", expresó el mandatario patagónico.
El gobierno nacional, por su parte, precisó que la nueva Ley de Hidrocarburos permitirá "generar un importante ahorro de divisas y atraer mayores inversiones para aumentar la producción y generar más fuentes de trabajo". Además, buscará "actualizar la ley vigente y adecuarla a las nuevas oportunidades que se presentan al país como son los recursos no convencionales, off-shore y la recuperación terciaria".
En el texto difundido al término del encuentro, las partes señalaron que "el Poder Ejecutivo trabajó junto a los gobernadores y logró la redacción de un proyecto que contemple los intereses y derechos de todos los actores del sector".
Entre otros aspectos, el proyecto establece nuevos plazos para las concesiones, al ampliar y diferenciarlos. La nueva norma habilitaría 35 años para los yacimientos no-convencionales y 30 años para los desarrollos off-shore en la plataforma marítima argentina. Además, acorta los plazos de los permisos con la finalidad de incentivar las inversiones en la etapa de exploración.
Para las nuevas licitaciones, en tanto, el proyecto determina que "se suprimen las reservas de áreas", mientras que las empresas provinciales "podrán participar en la etapa de desarrollo de los proyectos de acuerdo a su inversión". La iniciativa, por otra parte, "no afecta los derechos adquiridos de los actores concesionarios y/o los contratos vigentes en cada una las provincias como así también en las empresas públicas provinciales".
También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un "pliego modelo" a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.
Sobre la extensión de las concesiones, las provincias podrán otorgar prórrogas de diez años a quienes cumplan con las inversiones comprometidas. El proyecto dispone que "en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías con un tope del 18%".
Tras el encuentro, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, dijo no sentirse "sorprendido" por el acuerdo, al que calificó como "fruto de un trabajo intenso de todas las partes y hecho en defensa del patrimonio y los intereses de todos los argentinos".
"Es otro aporte para el sostenimiento y generación de las fuentes de trabajo del sector así como también la atracción de nuevas inversiones petroleras", agregó el mandatario jujeño.
También subrayó que la nueva legislación consensuada le dará "legitimidad democrática" a las normativas que rigen a las actividades del sector al considerar que "se está reformando un decreto-ley de 1967" gestado durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
