La secuencia de competencias oficiales en este delito que se está desarrollando en flagrancia comienza con el Gobernador Bordet, el ministro de la Producción Juan José Bahillo y finalmente en la funcionaria directamente responsable, la secretaria de Ambiente de la provincia, Daniela García.
Consultada por medios periodísticos acerca de este delito que se esta verificando frente a sus narices da explicaciones rayanas en el absurdo: En contacto con Diario Río Uruguay, la funcionaria reconoció que en la tarde del pasado lunes «recibimos una denuncia anónima, advirtiendo que una empresa ubicada en Ibicuy estaba trabajando, a pesar del cese preventivo». Agregando que hasta el miércoles «aún no se sabe con certeza si esta denuncia fue corroborada o no».
Y manifestando un desconocimiento (inverosímil en un funcionario público) sube la vara del disparate y afirma: «las sanciones se impondrán si – a pesar del pedido de cese – se comprueba que siguen trabajando» y que «eso es lo que estaremos controlando esta semana” Como si el cumplimiento de las resoluciones de la justicia federal estuvieran supeditadas a si la funcionaria ‘tiene tiempo’ (SIC) de cumplirlas.
LO DE LA ARENERAS ES UN ESCÁNDALO QUE AMENAZA LLEVARSE PUESTA VARIAS CABEZAS DEL ACTUAL GOBIERNO
Mientras Bahillo ingresa en un área de silencio que amenaza en convertirlo en cómplice del escándalo, rumores que han tomado estado público en medios de prensa, sin ser desmentidos, vinculan a altos funcionarios, no solo del gobierno, sino también de la justicia con los negociados y las graves irregularidades que se suceden en este tema.
Se espera que la Justicia Federal en las próximas horas intervenga y la fiscalía inicie acciones por incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos responsables de los delitos en curso.
