Mulet aclaró rápidamente que jamás se alegra cuando condenan a una persona. “Nadie se puede alegrar de que una persona eventualmente quedar presa”, añadió. Y, sin conocer los fundamentos de la sentencia, estimó que será difícil revertir en segunda instancia dado que los alegatos que escuchó del fiscal son muy sólidos. “Calculo que con la prueba tomada por el fiscal difícilmente lo den vuelta en Casación”, dijo.
Luego indico que toda sentencia sirve para demostrar a la sociedad que “quien infringe la ley tiene un castigo”. Y que la voluntad de los jueces no es demostrar a los demás sino juzgar un hecho concreto como la venta de terrenos a precio vil, la defraudación a la administración pública y el peculado. No obstante, sostuvo que la sentencia “es un ejemplo para muchos que están imputados por causas de corrupción para que vean cómo puede eventualmente terminar el juicio”.
Asimismo, dijo que “hay una demanda social muy importante de los hechos de corrupción que en otras épocas no estaba arraigado en la sociedad”. Y ese reclamo, amplificado por la prensa, “hace que la Justicia se mueva de una manera diferente que antes”. De la misma forma, destaco que el cambio del Código de Procedimiento Penal que aceleró los tiempos. “Si bien muchas causas terminaban en condena, demoraba ocho, diez o quince años como el caso Alanís que tardó 17 años en ser juzgado”, indicó.
El abogado destacó la tarea de Arias. “Ha sido un ejemplo para los otros fiscales. Cuando hay voluntad y trabajo abnegado, se lleva adelante una buena investigación y se llega al juicio con todas las pruebas que permitió eventualmente la condena de las personas que fueron condenadas y la absolución de quienes se declararon inocentes”, añadió.
De la misma forma, sostuvo que si hay otros hechos iguales o similares con respecto a los terrenos se deberán denunciar e investigar. “Creo que hoy hay una oportunidad única para llegar a buen puerto con la investigación”, indicó.
Por último, el abogado paranaense reiteró que es un mensaje auspicioso para toda la sociedad consistente en que la Justicia juzga a esos hechos. Y aclaró que los abogados no son quienes juzgan los hechos, son los jueces obviamente, pero pocas veces se llega a esa instancia porque se retrasan por chicanas procesales, por la Procuración General que retrasa las investigaciones o cambia los fiscales o por cuestiones de tiempos políticos. “Acá es raro que se investigue a los funcionarios cuando están en el poder; se espera que dejen el poder para juzgarlos y eso está mal”, señaló.
