La agencia EFE explicó que la nueva norma jurídica “no legaliza técnicamente el aborto”, sino que lo despenaliza, siempre que se cumplan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Durante las 12 semanas, la mujer debe acudir a una consulta médica para «poner en conocimiento las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción», que incluyen «situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etáreas, que a su criterio, le impiden continuar con el embarazo».
Luego, el médico llevará el caso ante un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales, quienes informarán a la mujer sobre «los riesgos inherentes» al aborto y las alternativas a esa decisión, tales como «programas disponibles de apoyo social y económico», o «la posibilidad de dar su hijo en adopción».
La mujer tendrá un plazo de cinco días de reflexión, antes de someterse a la intervención, si finalmente lo decide así.
Las intervenciones podrán realizarse en cualquier centro público o privado de salud del país, donde estarán obligados a practicarla o, en su defecto, garantizar que ésta se haga por terceros, en casos de objeción de conciencia.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.
Para que la ley entre en vigencia, el Parlamento y las autoridades del Ministerio de Salud Pública deberán trabajar en un reglamento, que se espera esté listo para dentro de un mes.
El jefe de Estado explicó que despenalizar esta acción le «parece mucho más inteligente que prohibirla». «Si a la mujer la dejamos sola, si no la atendemos, si no le damos apoyo, la cosa va mal. Mejor pongámoslas arriba de la mesa y tratemos de que recule y apoyémoslas», declaró.
En torno a sectores de la sociedad que rechazan la norma, comentó que «desde el punto de vista de los principios sí puede ser condenable, pero desde el punto de vista de la praxis histórica, de lo que pasa, creo que se salvan muchas más vidas».
