"Espero que Mauricio Macri reflexione y tenga en cuenta los reclamos que se hicieron ayer, tiene que dar respuestas", ratificó Hugo Moyano, tras la masiva movilización de las centrales obreras contra las políticas económicas del Gobierno.
El líder de la CGT Azopardo se mostró además muy enojado con su par de la Azul y Blanca, Luis Barrionuevo -que se bajó del acto- y con la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, que presentó un proyecto de ley para que los gremialistas se apeguen a la Ética Pública.
Moyano dijo que Barrionuevo no participó del masivo acto porque "tiene un compromiso" con el Gobierno. El referente de Camioneros le reprochó al dirigente gastronómico que vaya a comer un locro el domingo con Macri y que "no quiera estar del lado de los trabajadores".
"Cuando uno no se encuentra cómodo en un lado busca un argumentos y dice 'son tal o cual cosa'. O cuando tiene un compromiso con otros busca un argumento para ver cómo sale lo más elegantemente posible", le dijo el sindicalista a Radio Mitre.
Sobre los cuestionamientos de Barrionuevo por la participación de sectores del kirchnerismo en el acto, Moyano dijo que "cuando el menemismo terminó el mandato también había mariscales de la derrota" porque Barrionuevo "fue parte" de ese gobierno.
El jefe de la CGT Azopardo además cuestionó con dureza a la diputada de Cambiemos: "Elisa Carrió hace 20 años que la mantenemos, hace 20 años que cobra del gobierno, del Estado… ¿qué hizo? ¿Hizo algo?", dijo el sindicalista.
"Veinte años que venimos soportándola, bancándola y soportándola todos los meses, todos los meses le pagamos el sueldo", consideró Moyano. "¿Qué se queja de los demás? Desde hace 20 años que le pagamos el sueldo y no ha hecho nada. ¿Es la fiscal de la República?", remarcó el jefe de Camioneros.
El viernes la diputada presentó un proyecto de ley para obligar a "autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales, empresariales y obras sociales" a presentar declaraciones juradas en los términos de la ley de Ética Pública.
La iniciativa de la legisladora aliada del Gobierno establece que las entidades deban "presentar declaraciones juradas por los cinco periodos fiscales anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". El proyecto propone además que las personas mencionadas sean pasibles de ser alcanzadas por el mismo tipo de delitos que los funcionarios públicos, en especial el delito de enriquecimiento ilícito.
Moyano aseguró que desde el sindicalismo peronista no ven "la voluntad del Gobierno de darle respuesta a la gente en situación más extrema". "Siempre algún argumento van a poner para justificar que no den respuestas. Son las excusas que buscan para buscar formas de quedar bien con algunos sectores de la sociedad, diciendo que son presionados", dijo Moyano.
