Por tal, exigen que se cumpla lo estipulado en la capital cubana, como la Reforma Rural Integral (RRI), que ha de permitir la creación de condiciones para que haya una mejoría significativa en el bienestar de la población rural, especialmente en los sitios donde anteriormente se ubicaba la guerrilla. Los movimientos sociales, entre los que destacan Marcha Patriótica y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), piden también que se avance en la solución del flagelo de las drogas ilícitas.
Para ello mencionan la necesidad de aplicar el punto 4.1.3.1 del Acuerdo de Paz, que estipula las “condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito” en todo el territorio colombiano.
Otra de las exigencias es adoptar todas las medidas que otorguen las garantías plenas para la movilización y la protesta social, de manera que se promueva la participación popular. Con el paro indefinido los movimientos sociales fustigan los asesinatos de líderes sociales en Colombia, que también afecta el legado del acuerdo de La Habana. “La Paz está en construcción, y para que sea estable y duradera, sus pilares deben estar soportados en la justicia social, la ampliación de la democracia, la reconciliación y en transformaciones económicas, políticas y sociales que se requieren para la vida digna y un buen vivir del conjunto de la sociedad colombiana”, dicen las organizaciones en un comunicado.
Entre el pliego de exigencias también solicitan que se permita plenamente la participación política, parte fundamental del acuerdo que le permitió a Santos ser galardonado como Nobel de la Paz.
