«Creemos que este momento es propicio para manifestarnos, ya que recientemente han ingresado a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación tres anteproyectos de ley de diferentes fuerzas políticas que reclaman para nuestro país este derecho humano inalienable y no podemos menos que celebrar estas iniciativas, encabezadas por el Diputado Alfredo Cornejo, la Diputada Gabriela Estévez y el Senador Julio C. Cobos», presenta la Organización.
«Los anteproyectos contemplan dos procedimientos: eutanasia y suicidio asistido, y la sanción de la ley implicaría reparar una deuda de la Democracia con todas aquellas personas que, por motivos vinculados a padecimientos incurables de orden físico y/o psíquico, deseen ejercer este derecho», afirma Godoy.
¿Qué es la Eutanasia y Suicidio asistido?
El término eutanasia proviene del griego eu (bien o fácil) y thanatos (muerte) Así que etimológicamente significa “buena muerte”. Es el procedimiento por el cual el médico adelanta la muerte inyectando la sustancia letal, a petición reiterada del paciente y en un contexto de padecimiento sostenido e insoportable ante una enfermedad incurable, no necesariamente en “fase terminal” pero que implique un sufrimiento existencial insoportable y sostenido en el tiempo.
El Suicidio asistido es aquel en el que se le proporciona a una persona, de forma intencionada y con conocimiento, los medios necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción o el suministro de los mismos. Es el paciente, en este caso, el que voluntariamente termina con su vida
¿Qué promueve la Asociación?
Nuestra organización, única en el país como espacio deliberativo de la sociedad civil, nace el 19 de febrero del año 2020, y la iniciativa surge de la mano de una madre que perdió a su hija, quien tuvo que padecer un fin de vida cruel e innecesario cuando la ciencia no tenía nada para hacer, más que alargar inútilmente su agonía. Su pedido de dar fin al sufrimiento, acompañado por el entorno familiar, no fue escuchado ni respetado por el equipo de cuidados paliativos que la atendía.
«A poco más de dos años del nacimiento de nuestra organización, absolutamente heterogénea y transversal respecto de edades, género, filiación política o religiosa, comprobamos un crecimiento exponencial que da cuenta de la necesidad de que este derecho se haga realidad», señala Godoy, y remarca: «Comenzó con una quincena de miembros y a la fecha contamos con tres mil voluntades pertenecientes a todas las zonas del país y de varios países del mundo»
En el mismo contexto, la integrante de la asociación, explica que tienen una página de Facebook de la que «emergen incontables testimonios, como el que le dio origen a este, y tantos otros vividos en la propia carne o en la de seres queridos»
«La promulgación de una ley que garantice la indelegable autodeterminación y soberanía sobre la propia vida honraría los compromisos que el país asumió en materia de Derechos Humanos y que son parte de nuestra Constitución», subraya Godoy.
Y agrega: «Por otra parte, Argentina es observada por la comunidad internacional como un país pionero en ampliación de derechos y está a la espera de que también logre para nuestra comunidad la ley de Eutanasia y Suicidio asistido»
En el mismo contexto, afirma que «como toda ampliación de derechos ésta implica un cambio de paradigma y desde allí conmueve los cimientos mismos de la cultura y las instituciones, interpela las relaciones de poder entre el pueblo y el poder médico hegemónico y pone en debate la negación de la finitud de la vida, instalada por siglos en la cultura occidental y cristiana»
E insiste: «La muerte, este hecho natural y cotidiano es algo de lo que no se habla en la mesa familiar, en la rueda de amigos, en los grupos de trabajo. ¿A qué intereses sirven estas matrices de aprendizaje que compartimos como sociedad? Esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos».
En esta línea de pensamiento, «también sería bueno preguntarse acerca de la invisibilización de derechos adquiridos en el campo de la salud que la mayoría de la población desconoce, incluído gran parte del personal sanitario. Derechos que ya tenemos, que sistemáticamente son vulnerados y el Estado no se hace cargo de difundir ni hacer que se cumplan como corresponde»
A continuación, algunos puntos de la Ley N° 26742/2012 que detalla el Documento. “Nuestros derechos como pacientes”, también llamada de Muerte Digna, que tiende a garantizar la autonomía de voluntad del paciente:
Art.2º Inciso e) – El derecho que le asiste al paciente en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estado terminal, de rechazar procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación y/o retiro de soportes vitales, cuando éstos sólo produzcan como único efecto la prolongación artificial de ese estadío terminal, irreversible e incurable. Es diferente de la eutanasia ya que la muerte no se produce de modo intencional, la permite, en un plazo diferenciado según cada caso.
Art.2 Inciso g) – Cuidados paliativos: La OMS los define como el conjunto coordinado de intervenciones sanitarias dirigidas, desde un enfoque integral, a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Se trata de medidas de prevención y alivio del sufrimiento por medio del tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se realizan tanto en el domicilio del paciente como en el hospital.
Actualmente sólo el 14 % de la población del territorio nacional accede a este servicio de salud.
Art 11 – Testamento vital o de Directivas anticipadas: Es un documento en el que cualquier persona mayor de edad expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea recibir y cuáles no, así como disposiciones de su final de vida, en caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal que le lleve a un estado que le impida expresarse por sí mismo.
Obstinación o encarnizamiento terapéutico: Tratamiento desproporcionado que prolonga la agonía de enfermos desahuciados o terminales. Configura una mala praxis médica.
Es así que la sanción de una ley, siendo un gran salto en calidad, sin la participación informada y activa de la sociedad en su conjunto corre el riesgo de convertirse en letra muerta. En este sentido los ámbitos académicos y de la salud, medios de comunicación, organizaciones sociales, legislaturas provinciales y municipales, referentes de la cultura y del espectáculo, juegan un rol indispensable.
Suscribimos aquí lo presentado en el anteproyecto de ley “Alfonso” dentro de su marco normativo constitucional, que dice así: “ Las disposiciones de la presente ley se enmarcan en los derechos protegidos por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional, en especial la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, en virtud de la protección que otorgan a los derechos de toda persona a la vida digna, al reconocimiento y el respeto de su dignidad, a la integridad física, psíquica y moral, a no ser sometida a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, al trato digno, al bienestar y la salud física y mental, especialmente a la asistencia médica, a la no injerencia arbitraria o abusiva en su vida privada y a la libertad de elección.”
Por último, el documento expresa que «toda ampliación de derechos es el resultado de la necesidad de un pueblo, del sufrimiento y la injusticia, del avasallamiento en la libertad de las personas. Poder decidir cómo y cuándo finalizar la propia vida permite planificar ese momento único. Que sea en el lugar o paisaje deseado, en lucidez, con la música o fragancias que disfrutamos y rodeados/as por aquellos seres que hemos amado.
Porque no hay humanidad posible en una muerte indigna, pugnamos para que este derecho inalienable no nos sea expropiado nunca más»
Diputadas piden que arranque el debate en la Comisión de Salud
Son del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y la UCR. Firmaron un pedido para que la presidenta de la Comisión, Mónica Fein, habilite la discusión de dos proyectos presentados el año pasado en la Cámara Baja.
El Derecho a Morir está cada vez más cerca de ser tratado en el Congreso. Como indica el artículo 109 del reglamento de la Cámara de Diputados, si por los menos tres miembros de la misma comisión piden que se discuta un asunto, quien presida debe integrarlo al temario. Con esa regla a su favor, siete diputadas de distintos bloques firmaron una nota para que la presidenta de la Comisión de Salud, la socialista Mónica Fein, incluya en próximas reuniones el tratamiento de dos proyectos para darle marco legal a la eutanasia. Uno es de la UCR y se llama Ley de Buena Muerte; y el otro es conocido como Ley Alfonso, y lo propone el Frente de Todos. Ambos fueron presentados el año pasado.
El pedido lleva la firma de una de las autoras del proyecto Ley de Buena Muerte, la diputada radical Jimena Latorre, que representa a Mendoza. La acompañan las diputadas del Frente de Todos, Mara Brawer (Ciudad de Buenos Aires), Jimena López (Provincia de Buenos Aires) y Ana Carolina Gaillard (Entre Ríos). Por Evolución Radical, que integra Juntos por el Cambio, firmaron Carla Carrizo (Ciudad de Buenos Aires) y Marcela Antola (Entre Ríos). Se sumó la diputada de la UCR Soledad Carrizo (Córdoba).
“La Comisión de Salud, dentro de muchos temas que tiene, también incorporará en ‘Asesores’, en primer lugar, los proyectos referidos a eutanasia por el pedido que hicieron diputadas de distintos bloques”, dijo a elDiarioAR Mónica Fein, presidenta de la Comisión. ¿De qué se trata que incorporen el asunto a “Asesores”? La convocatoria de especialistas en tema, a favor y en contra. “Una asesoría a los miembros de la Comisión regidos por la Ciencia, la Bioética y el Derecho. Creemos que para el próximo mes empezarían las reuniones informativas”, agregó la diputada Latorre en el portal eldiarioar
La idea es llegar a un dictamen de mayoría para que pase al recinto. Pero el proceso llevará tiempo. El contexto no ayuda: la prioridad sigue siendo la atención de la pandemia y la crisis económica no da tregua. Latorre es, sin embargo, optimista: “La regulación del derecho a morir puede llegar al Congreso este año. Estamos preparados. Logramos el derecho al divorcio vincular, al matrimonio igualitario y a la IVE; no hay que subestimar a la ciudadanía. Por otro lado, no sería justo decirle a un padeciente que hay otros temas, más importantes o urgentes, que el suyo”.
En la Argentina, desde 2012 la ley permite que un paciente con una enfermedad terminal e irreversible pida que le retiren el soporte de hidratación y alimentación. Y desde 2015, una modificación del Código Civil habilita a las personas a formular directivas anticipadas: puede consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo.
Tres proyectos en total: dos en carrera y uno que debería volver a presentarse
En diciembre, el entonces senador radical Julio Cobos presentó su proyecto para legalizar la eutanasia. Lo llamó Interrupción Voluntaria de la Vida. En las últimas elecciones legislativas del año pasado, el ex vicepresidente ganó una banca como diputado. Así que para que su proyecto vuelva a ser considerado debería ingresarlo en la Cámara Baja.
